NO SE CUMPLE LA OBLIGACIÓN DE LICITAR: Gastos sin control en la Subsecretaría de Información Pública

Cinco contratos solicitados por el subsecretario de Información Pública del gobierno neuquino, Antonio Artaza, que suman un gasto superior a los 2.500.000 pesos, fueron aprobados por el gobernador Jorge Sapag entre octubre del 2008 y julio del 2009, sin cumplir con el requisito legal de la licitación pública establecido por la ley 2141, de administración financiera y control. El pretexto invocado para no hacer la licitación es, en todos los casos, que los beneficiados por los contratos prestan «servicios profesionales técnicos que por su contenido específico y calidad creativa requerida deben confiarse a personas especializadas».

La «calidad creativa» se da, por lo tanto, en el caso de María Eugenia Lanaro, presunta dueña de una agencia llamada «Auditoría de Medios», contratada a un costo anual de 580.800 pesos para controlar si los avisos oficiales que el gobierno paga son efectivamente publicados en los medios. El sentido común indica que, antes de llegar a la cumbre de la calidad creativa que alcanzó Lanaro -quien tiene «vasta experiencia vinculada con ámbitos públicos y privados y amplios conocimientos sobre las estrategias y acciones comunicacionales»- bastaría con no ser analfabeto o, con una mayor y más estricta exigencia, haber completado la primaria. Para decirlo en otras palabras, la violación de la ley 2141 es algo grosera.

El contrato, aprobado por decreto 0245, del 27 de febrero último, previamente autorizado por la secretaría de Estado de Relaciones Institucionales y Coordinación y la de Gestión Pública y Contrataciones del Estado, establece, según es costumbre, que la contratada deberá mantener en secreto cualquier información que conozca relativa al contrato y su ejecución.

 

Una conversación

 

Al contrario de Lanaro, Fernando Miodosky es un profesional conocido -en Neuquén- y experimentado en estudios de opinión pública. Pero dista de ser el único. Hay muchos en este país y en este tiempo de recesión que facturarían con beneplácito, como lo hizo Miodosky, 609.840 pesos para, durante dos años, informar al gobernador Sapag lo que la gente piensa de su gestión. El gobierno, no obstante, cree que sí es el único, y por eso decidió contratarlo a él, pasando por encima de la vapuleada ley 2141.

No sería, por lo tanto, apropiado, decir que por el apartamiento de la norma legal el contrato es grosero. No se puede, sin embargo, dejar de señalar que en el expediente se advierte una falta de delicadeza -o, si se quiere, de pudor- en la nota elevada al ingeniero Guillermo Pellini, secretario de Estado de Relaciones Institucionales y Coordinación, el 4 de agosto de 2008. Allí, el proveedor adjunta su «proyecto de investigación social», y dice que lo hace «en base a lo conversado con usted y el subsecretario de Información Pública, Antonio Artaza». O sea que no sólo no hay licitación, sino que para arreglar el contrato los interesados se juntan, conversan y ya.

Como en el caso anterior, y en los que siguen, el decreto 1816/08, relativo a «lo conversado», dice que el contrato se aprueba «en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 64, inciso 2º, apartado h), de la ley de Administración Financiera y Control número 2141″. Para que todo queda debidamente explicado: el artículo 64, inciso 2º, enumera las excepciones al principio de la licitación pública. Una de ellas es el inciso h), que permite prescindir de la licitación cuando se trate de adquirir, ejecutar, conservar o restaurar obras artísticas, científicas o técnicas que deban confiarse a empresas, personas o artistas especializados».

Como Miodosky no es un artista ni un hombre de ciencia, sólo puede haberse tenido en cuenta su condición de técnico especializado en estudios de opinión pública. Se diría que si no hay otro, está bien. Pero sí hay otros. El Reglamento de Contrataciones, invocado también en el decreto 1816, dice que «la exclusividad y falta de sustitutos deberán probarse mediante certificación expedida por organismos competentes», lo que significa, aplicado al caso, que no basta con afirmar que Miodosky es el único, sino que hay que probarlo. Y eso no se puede probar porque no es el único. Como está dicho más arriba, de haberse hecho una licitación pública se habrían presentado muchos especialistas con capacidades similares a las de Miodosky y, tal vez, por un precio inferior.

Hay otros contratos directos. El más grande, por su monto de algo más de un millón de pesos, es el que, con un año de duración, encomienda a la agencia de publicidad Emma & Padre el desarrollo de propuestas relativas a «la Marca e Imagen» oficial del gobierno, así como tareas de asesoramiento, consultoría y planificación.

El más pequeño es el que alquila por 120.000 pesos a Record SRL, representada por Hugo Oscar Díaz, un espacio en la FM 98.5, durante diez meses, para la retransmisión de contenidos del ente oficial Radio y Televisión Neuquén (RTN).

 

JORGE GADANO jagadano@yahoo.com.ar