Nuevo hurto de costosa cañería de un exgasoducto entre San Antonio y Conesa

POLICIALES

VIEDMA (AV).- El Estado rionegrino, en la figura del Departamento Provincial de Aguas (DPA), es objeto de un serio perjuicio al reiterarse el hurto de una estratégica y costosa red de caños que integraban el exgasoducto San Martín. Por lo menos dos empresas estarían involucradas en la maniobra y la zona de operaciones serían el área de San Antonio Oeste y Conesa, según supo “Río Negro”.

Todo comenzó en julio pasado cuando fue presentada una denuncia policial en la Comisaría de Sierra Grande cuando se detectó que una empresa estaba operando en la extracción. Esta semana, tomó estado público que serían dos las involucradas. Tendrían como modalidad establecer un arreglo con los propietarios de los campos por donde pasa la traza, y retirar las cañerías, abonando 8.000 pesos el kilómetro. Los caños son de acero y de 10 pulgadas de diámetros, con cámaras y válvulas.

Los responsables de esas empresas les estarían diciendo a los superficiarios que ellos son los verdaderos dueños del ducto por una posesión veinteañal y al haber caducado las servidumbres de paso. Sin embargo, fuentes seguras hicieron mención a que una resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) fechada en Buenos Aires el 4 de julio de 2007 hace mención a que Camuzzi Gas del Sur cede al DPA tramos ubicados en los departamentos San Antonio y Conesa. Su extracción no reuniría demasiadas dificultades en virtud de que el tendido se encuentra a 0,70 metros de la superficie, pero no se descartó que el levantamiento implique cierto riesgo ya que el ducto estaría siendo cortado con sopletes y dentro de los caños habría gases.

El DPA había presentado una denuncia en marzo de 2010 como consecuencia de la desaparición en cercanías de San Antonio Oeste de 7 kilómetros del ducto. El hecho se descubrió cuando un empleado del ente hidráulico pudo conocer que retroexcavadoras operaban en la zona, y que a un segundo propietario de campo le ofrecieron por entonces la remoción de la cañería a razón de 3.000 pesos el kilómetro.

Este medio buscó ayer tomar contacto con la superintendenta del DPA, Raquel Morales, para ratificar el nuevo caso debido a que también le llegó la denuncia. No obstante, la funcionaria pidió una semana para contestar en virtud de que estaban de vacaciones los abogados y debía asesorarse fehacientemente.