Números y sensaciones
Tendrá razón el ministro de Justicia, Julio Alak, cuando en una de sus raras intervenciones públicas señaló que según las estadísticas oficiales el índice de criminalidad se redujo el 40% entre el 2001 y el 2007, pero hasta que se difundan las cifras correspondientes a años más recientes, no sabremos si a partir de entonces la delincuencia ha alcanzado niveles alarmantes o si en realidad la Argentina sigue siendo un país relativamente seguro. Aunque conforme a las estadísticas citadas por Alak los dirigentes opositores exageran groseramente la magnitud del problema planteado por la inseguridad ciudadana, pocos se sentirán reconfortados por sus declaraciones, ya que tanto aquí como en otras partes del mundo millones de personas está convencidas de que en cualquier momento podrían caer víctimas de la violencia extrema. No sirve para mucho atribuir el temor que sienten al morbo mediático, ya que se trata de algo que no ha cambiado desde hace varios siglos, o a la voluntad de políticos opositores de acusar al gobierno de indiferencia ante lo que para una proporción significante de la ciudadanía es el problema principal del país, porque es normal, y legítimo, que intenten aprovechar las presuntas deficiencias de la gestión oficial. Tampoco ayuda al gobierno llamar la atención a lo que está sucediendo en otros países de la región como México, Venezuela y Brasil, a fin de subrayar la diferencia entre la violencia extrema que se ha adueñado de sus centros urbanos y lo que está sucediendo aquí. Por el contrario, el que en tales “países hermanos” haya lugares que son tan peligrosos como Bagdad y el sur de Afganistán preocupa mucho a quienes sospechan que la Argentina podría estar deslizándose hacia el mismo abismo. Para más señas, la participación en delitos de sujetos vinculados con cárteles narcotraficantes mexicanos y colombianos hace temer que estén instalándose en nuestro país sin que las autoridades hayan hecho mucho para impedirlo. Para defender al gobierno del que forma parte, Alak subrayó que –según los números oficiales– el índice de criminalidad aumentó mucho en el año final de la gestión de Carlos Menem y durante la gestión del presidente Fernando de la Rúa, dando a entender así que fue una consecuencia de la grave crisis económica que vivíamos, además, claro está, de la supuesta inoperancia de la Alianza. Aunque los progresistas habituados a vincular la delincuencia con la evolución de la economía se ven ante un dilema –por un lado les gusta decir que la criminalidad se debe al “capitalismo liberal”, por el otro son contrarios a tratarla como una especialidad de los pobres–, dicho análisis parece correcto. Sin embargo, a pesar de que desde mediados del 2002 la economía ha disfrutado de un período insólitamente prolongado de expansión vigorosa, interrumpida únicamente por la recesión breve causada por la crisis financiera internacional, de acuerdo con las cifras difundidas por el gobierno la mayor riqueza del país no ha traído más seguridad. Puede que se haya registrado una leve mejora entre el 2006 y el 2007, pero aun así la tasa de delitos cometidos cada 100.000 siguió siendo mayor que en el 2000 y es apenas inferior a la del 2001. De todas formas, aun cuando los datos citados por Alak sean más confiables que los confeccionados por el Indec, a esta altura no le conviene al gobierno que sus voceros continúen brindando la impresión de estar decididos a minimizar la gravedad del problema planteado por la inseguridad. Por ser cuestión de un tema tan emotivo, todos los esfuerzos en tal sentido le resultarán contraproducentes. Puede que desde el punto de vista de los responsables de compilar estadísticas un asesinato llamativamente brutal no signifique más que uno que no motiva ningún interés público, pero para todos los demás el impacto será incomparablemente mayor. En los meses últimos, se ha producido una serie de asesinatos horrendos y es lógico que la gente se haya sentido indefensa contra delincuentes desalmados que no vacilan en matar aun cuando la víctima de un asalto no intente resistirse. Así las cosas, es un error político imperdonable sugerir que no hay que preocuparse porque hubo más violencia diez años atrás o porque los alrededores de Caracas son muchas veces más peligrosos que las zonas deprimidas del conurbano bonaerense.
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