O»Neill tiene razón
Por fortuna, el gobierno del presidente Eduardo Duhalde no reaccionó con «indignación» ante el comentario del secretario del Tesoro estadounidense, Paul O»Neill, según el cual «no es posible tener un programa económico sustentable donde el sistema de recaudación de impuestos sólo recoge del 30 al 40% de la gente que se supone debe pagar. Es la definición de una sociedad desorganizada». No pudo porque sería ridículo tomar una alusión a una realidad patente por un insulto contra la argentinidad. Pero si bien es positivo que un gobierno de origen populista haya estado dispuesto a escuchar con ecuanimidad palabras que en otros tiempos hubieran dado pie a manifestaciones públicas de repudio, no lo es en absoluto que no se haya propuesto tomar las medidas necesarias para remediar la deficiencia que acaba de señalar el funcionario norteamericano. Al fin y al cabo, si, como dice O»Neill, no sea factible un programa económico «sustentable» sin una reforma sumamente drástica del sistema de recaudación impositiva, no habrá ninguna forma de frenar el desmoronamiento de una economía que de continuar por el rumbo actual terminará como la de Haití. Puesto que nadie pensaría en negar la veracidad de lo que dijo el hombre cuyas decisiones, para bien o para mal, incidirán profundamente en la evolución del país, sería lógico suponer que el gobierno duhaldista ya estaría organizando una agencia recaudadora eficaz que contara con el poder suficiente como para intimidar a todos los evasores pero, huelga decirlo, no hay motivos para creer que la recaudación impositiva figure entre sus prioridades más urgentes.
Aunque se han producido algunos cambios a primera vista drásticos a partir de la defenestración del presidente Fernando de la Rúa, la verdad es que han sido meramente superficiales. El default y el abandono de la convertibilidad no fueron iniciativas tomadas en el contexto de un plan integral cuidadosamente preparado, sino medidas que fueron dictadas por las circunstancias. Hasta ahora cuando menos, no se ha dado ninguna señal que el gobierno de Duhalde esté por «tomar el toro por las astas», como ha afirmado en varias ocasiones, a fin de hacer frente a los grandes problemas estructurales que tienen que ver con el hecho indiscutible de que la sociedad argentina esté tan desorganizada como nos recordó O»Neill.
Lo mismo que De la Rúa, Duhalde puede atribuir su voluntad de convivir con esta situación lamentable a la necesidad de negociar con distintos sectores económicos y sociales, a la resistencia de los gobernadores provinciales a subordinar sus propios intereses a aquellos del conjunto, y a la actitud del ala política de su propio gobierno que, como es notorio, está conformada mayormente por peronistas y radicales bonaerenses. También ha de tomar en cuenta la reacción de la calle, es decir, de la clase media porteña que protagoniza los cacerolazos, los piqueteros del conurbano y las cada vez más visibles agrupaciones de la ultraizquierda. Se trata de factores significantes, ¿qué duda cabe?, pero al dejarse condicionar por ellos el gobierno se ha visto incapacitado para hacer frente a problemas fundamentales como el planteado por la evasión impositiva en escala grotescamente masiva, la que a su vez puede imputarse a la inexistencia de un Estado auténtico. Para justificar su pasividad, el gobierno insiste en que no cuenta con recursos suficientes como para remunerar debidamente a los funcionarios con las cualidades personales y profesionales necesarias para poder administrar un país totalmente quebrado. Sin embargo, sorprendería que otros países, organismos como el FMI y el Banco Mundial, además de algunas fundaciones privadas, se negaran a aportar las sumas relativamente modestas que servirían para mantener un conjunto de cuadros administrativos de calidad internacional cuya misión sería hacer de la Argentina un país «organizado» que sea plenamente capaz de desempeñar un papel digno en el mundo. Para que un programa así se pusiera en marcha, empero, tendría que contar con el apoyo de la clase política local, pero puesto que ésta siempre ha considerado la administración pública una parte del botín electoral, la posibilidad de que colabore con un esfuerzo destinado a mejorarla sigue siendo trágicamente remota.
