Objetan al fiscal Sánchez Gavier para el nuevo juicio

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El nuevo debate por los graves hechos que le imputan al empresario Juan Gilio y a una mujer cuya hija presuntamente fue víctima de abusos, debería llevarse a cabo antes de fin de año, pero el juicio podría sufrir una nueva postergación, porque los defensores del empresario recusaron al fiscal de Cámara Enrique Sánchez Gavier, con quien cruzaron denuncias por presuntas violaciones al proceso penal.

La causa se originó el 17 de enero de 2001 con la denuncia formulada por una mujer que ejercía la prostitución, porque había visto a su hija de 12 años cuando subía al auto de un joven vecino. Al ser llevada a la oficina del Menor y la Familia, la niña denunció que su madre la obligaba a mantener relaciones sexuales con hombres, y que las había mantenido en tres oportunidades con Gilio, entre diciembre de 2000 y enero de 2001, porque Gilio les entregaba a cambio mercaderías y dinero.

El fiscal Gerardo Balog le atribuyó a la mujer haber promovido la prostitución de su hija, al permitir que Gilio la accediera carnalmente a cambio de dinero, en prácticas que fueron llevadas a cabo en presencia de la procesada, la que también habría mantenido relaciones sexuales a la vista de la niña.

A Gilio le imputó haber accedido a la menor luego de pagar a su madre, con quien a su vez mantuvo relaciones sexuales en presencia de la menor. El empresario fue condenado a 9 años de prisión y su compañera de causa a 10 años, porque en su caso existía la calificante de ser ascendiente de la víctima, pero la sentencia fue anulada por los jueces del STJ, quienes ordenaron que se realizara nuevamente el debate, con un tribunal integrado por otros magistrados. Estos, salvo impugnaciones, serían los jueces Héctor Leguizamón Pondal, Alejandro Ramos Mejía y Edgardo Camperi.

Al anular el fallo y disponer un nuevo juicio, el STJ expresó que habían sido vulnerados principios elementales del debido proceso, y sentenció que «no se puede llega a la verdad real de cualquier manera», sin considerar la cuestión de fondo, que motivó la instrucción de la causa.

El procurador Hugo Mántaras apeló el fallo ante la Suprema Corte de Justicia porque entendió que se había «frustrado la justicia en el caso concreto», y que el STJ había incurrido en un exceso de sus atribuciones revisoras y en evidente arbitrariedad.

Después de casi 10 meses la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso del procurador Fiscal y quedó confirmado el fallo que ordena la realización de un nuevo juicio, pero los defensores de Gilio objetaron la participación de Sánchez Gavier en una presentación ante Mántaras, y éste le corrió vista al Consejo de la Magistratura.

Al fiscal de la Cámara Segunda lo acusaron por haber anticipado su opinión a la prensa, pero el funcionario negó la imputación y subrayó que resistirá las presiones para que se aparte de la causa. La impugnación de los defensores se basa en que presuntamente el fiscal pensaba pedir la absolución y cambió su postura por presiones de la prensa.