OPINIóN PUBLICADA

• En su editorial, La Nación vuelve a criticar la reforma judicial propiciada por el Poder Ejecutivo. Señala que “la brutalidad de los procedimientos seguidos por el oficialismo para aprobarla, incluida su férrea negación al diálogo con la oposición y con múltiples sectores que podrían aportar interesantes puntos de vista, muestra a las claras cuál es el verdadero propósito del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de someter a la Justicia al absoluto arbitrio del Poder Ejecutivo, haciendo que el principio republicano de división de poderes se convierta en letra muerta. Mediante la mentirosa consigna de la “democratización” del Poder Judicial, se busca convertir al Consejo de la Magistratura en un apéndice del gobierno y, a partir de las facultades de ese órgano de seleccionar y remover a los magistrados, hacer depender a los jueces de la voluntad política del Poder Ejecutivo”. • Natalio Botana, en La Nación, opina que “por estar vigente todavía una Constitución que, más allá de sus reformas, conserva su núcleo histórico de derechos y garantías, se ejecuta sin descanso una agenda de atropellos que afrontan las consecuencias no queridas de la acción humana. Persigue el gobierno con denuedo resultados poco menos que instantáneos con el apoyo de una mayoría regimentada en el Congreso para toparse, de inmediato, con resultados opuestos a sus intenciones”. Añade que “si bien las leyes de la reforma judicial tienen los objetivos de atacar con rapidez las restricciones judiciales impuestas a la ley de medios mediante resoluciones cautelares, de asegurarse el control del Consejo de la Magistratura y de someter al Poder Judicial mediante una politización, parece ignorarse que, de nuevo, podrían ponerse en marcha los mismos mecanismos luego de su aprobación por el Congreso. El gobierno y el país están, pues, atrapados en una doble encerrona. Por un lado, el gobierno busca doblegar los restos republicanos aún vivientes en el país. Como decíamos en el 2006, en lugar de una democracia republicana quieren levantar una democracia dependiente de la hegemonía presidencial. Por otro lado, ese designio cesarista choca con obstáculos. Los gobernantes quieren y no pueden: les sobra apetito y les faltan dientes para engullir la conspiración de sus odiadas corporaciones”. • Para Eduardo Aulicino, en Clarín, el gobierno sigue adelante con su proyecto de reforma judicial sin escuchar las objeciones de juristas y de las organizaciones que representan a buena parte del Poder Judicial. “En este caso, se los descalificó como “expresión” corporativa. Sólo se atendieron algunos planteos de organizaciones cercanas al gobierno, aunque sin modificar sensiblemente el paquete apurado por Cristina Fernández de Kirchner, y sin prestar otra atención que esa al mensaje de ciertos señalamientos internos, cuidados y, algunos, temerosos. Esa actitud cerrada volvió a ser alimentada por la idea de que la mayoría asume un poder casi absoluto. Algo que, se sabe, buscan llevar al plano de la ley: en el caso de la elección de integrantes de la Magistratura, la mayoría es sobrerrepresentada y la minoría, despreciada. La fuerza más votada se quedaría con dos tercios de los consejeros y el segundo, con el resto. Para los demás cero, sin importar lo que sumen en las urnas”. • Oscar Laborde, funcionario de Cancillería, se pregunta en Página/12 “¿qué le pasa a Binner?”. Su malestar proviene de que “a pocas horas de fallecido Chávez, cuando le preguntaron sobre el venezolano, Binner dijo que en realidad él hubiese votado a Capriles, dejando sin palabras a sus aliados del FAP y a una gran mayoría de sus votantes. Ahora profundiza sus definiciones y, ante los hechos de violencia política que se sucedieron después del triunfo de Maduro, dice: “Las muertes en Venezuela son consecuencia de estos gobiernos populistas”. Cabe añadir que en realidad a Binner no le pasa nada. Su posición es coherente con las ideas de la socialdemocracia europea, que no ve con buenos ojos al populismo latinoamericano.