Aunque no la veamos, la responsabilidad de los padres siempre está

Gabriel García Márquez escribió alguna vez que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre.

La metáfora es poética, pero también profundamente jurídica. Ese gesto inicial condensa un compromiso que no caduca, un deber que no se delega y una responsabilidad que no se suspende, al menos mientras el hijo es menor de edad.

Desde hace años, advertimos un fenómeno inquietante: la progresiva tercerización de la crianza. Ya no solo en la escuela, sino y, sobre todo, en las pantallas y los algoritmos. Se ha instalado la idea de que cuando un alumno cruza el umbral del establecimiento educativo los padres quedan relevados de toda responsabilidad.

Es cierto que el Código Civil y Comercial prevé una atenuación transitoria. Como explicaba ya de antaño Jorge Llambías, no hay transferencia de la autoridad paterna, sino un ejercicio de una autoridad funcional por parte de la escuela. La responsabilidad parental no muere, se repliega momentáneamente y vuelve a emerger cuando el daño encuentra su raíz en el hogar.

El recordado Jorge Mosset Iturraspe fue categórico al definir la patria potestad como un deber jurídico activo. No alcanza con “estar”; hay que mirar. No basta con “confiar”; hay que involucrarse. Cuando los padres renuncian a esa vigilancia activa, alguien ocupa ese lugar.

Buena parte de los conflictos que hoy estallan en las aulas —bullying, violencia, desafíos virales, conductas de riesgo— no nacen en la escuela, llegan a ella. Se gestan en espacios donde el control parental fue sustituido por el silencio, la culpa o la comodidad.

Se le exige entonces a la escuela que eduque, contenga, diagnostique y repare lo que otros no supieron o no quisieron hacer. Sin embargo, el derecho es claro, cuando el daño causado por un menor evidencia una falta de vigilancia activa en el hogar, la responsabilidad parental se reactiva.

Algunas experiencias comienzan a tomar al toro por las astas. En el Colegio San Nicolás de Mendoza, por ejemplo, se implementó un esquema de control parental consensuado con las familias, orientado a limitar el uso de dispositivos y redes sociales en edad escolar. Lejos de generar conflictos, la medida fortaleció el vínculo entre padres y escuela, redujo episodios de violencia digital y devolvió a los progenitores un rol que nunca debieron abandonar.

El derecho comparado también empieza a dar señales claras. Australia lleva ya un mes de implementación de una política que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Las primeras conclusiones son contundentes: disminución del tiempo de exposición, mejora en la concentración, reducción de conflictos escolares y mayor interacción familiar. No fue el apocalipsis que algunos auguraban.

Mientras tanto, aquí seguimos discutiendo si poner límites “traumatiza”, si controlar es “invadir” o si exigir responsabilidades es “estigmatizar”. Y en esa confusión, los chicos quedan solos frente a un mundo que hoy no está diseñado para cuidarlos.

Desde la responsabilidad civil escolar lo vemos a diario: padres que reclaman con vehemencia, pero que desconocen qué hace su hijo en redes; que exigen vigilancia total a la escuela, mientras ellos miran para otro lado.

La escuela debe cuidar, el Estado debe regular, pero los padres deben educar. Ese es el orden natural de las cosas. Alterarlo tiene un costo que, en no pocas ocasiones, ya estamos pagando.

Porque, aunque no la veamos, aunque se intente diluirla o delegarla, la responsabilidad parental siempre está. Y cuando los adultos callan, el daño inevitablemente, termina hablando.

*Abogado. Prof. Nac. de Educación Física. Docente Universitario. angrimanmarcelo@gmail.com