Cuando la Conmebol aporta a la barbarie

En el universo del deporte competitivo, las decisiones salomónicas suelen ser el recurso predilecto cuando reina la confusión. Así, cuando dos jugadores se enfrentan, es habitual que el árbitro los expulse a ambos, dejando en manos del tribunal disciplinario la determinación de las sanciones individuales.
Sin embargo, hay situaciones en las que esa equidistancia esperable, muta en inexplicable asimetría para alguna de las partes. Algo preocupante, especialmente cuando los hechos trascienden largamente lo deportivo para adquirir la forma de una batalla campal.

Esto fue exactamente lo que ocurrió el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América, cuando una jornada de fútbol internacional terminó convertida en una de las páginas más tristes del fútbol sudamericano reciente.

Desde su ingreso al estadio, la parcialidad de Universidad de Chile protagonizó un verdadero raid de violencia: destrozos en instalaciones, agresiones a personal del club local y ataques con proyectiles —y hasta físicos— contra simpatizantes de Independiente. No se trató de un episodio aislado, sino de una secuencia coordinada, sostenida y premeditada.

Del otro lado, es innegable que Independiente falló groseramente en su rol de organizador. No logró evitar el contacto entre hinchadas, permitió el ingreso de pirotecnia y no garantizó condiciones mínimas de seguridad. La pasividad de la policía —avalada públicamente por el propio ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, quien declaró que la fuerza «se abstuvo de intervenir para que el conflicto no escalara»— fue un ingrediente más en esta explosiva receta.

La reacción de la Conmebol, en este contexto, no solo fue desatinada: fue peligrosamente funcional a la impunidad.

La decisión de suspender el partido, junto con la instrucción expresa de evacuar al público visitante —que nunca se cumplió—, abrió la puerta para que integrantes de la barra brava local irrumpieran en busca de «justicia por mano propia». El resultado: enfrentamientos cruentos, heridos de gravedad y una herida profunda en la ya alicaída seriedad del fútbol sudamericano.

A la hora de aplicar sanciones, lo lógico hubiera sido una condena ejemplar para ambas instituciones. No caben dudas de que Independiente debía ser sancionado: lo ocurrido en su estadio fue tan inaceptable como evitable. Pero la desproporción fue tan evidente como incomprensible.

El “Rey de Copas” fue excluido del torneo, obligado a disputar siete partidos de Conmebol como local a puertas cerradas y otros siete de visitante sin la presencia de sus hinchas. Además, recibió una multa de 150.000 dólares en concepto de derechos de televisión, y otra de 100.000 por infracciones al código disciplinario.

Universidad de Chile, en cambio, permanece en competencia. Recibió sanciones menores, en idénticas condiciones de público, y una multa de 120.000 dólares.
Es inevitable preguntarse: ¿qué motivó semejante resolución? ¿Qué intereses se jugaron más allá de la disciplina deportiva?

En Chile, el episodio fue tratado como una cuestión de Estado. Lejos de la clasificación para el próximo mundial, la permanencia de un club trasandino en torneos internacionales tomó un valor simbólico.
Desde el presidente Gabriel Boric hasta el ministro del Interior se expresaron públicamente, al igual que ex jugadores de la U. Lo llamativo es que, pese a liderar un gobierno de izquierda, se involucraron fuertemente en la defensa de una sociedad anónima deportiva.

En la vereda opuesta, Independiente quedó en soledad. Sin el respaldo institucional de la AFA —que no emitió un solo comunicado en su defensa—, apenas recibió tibias declaraciones de apoyo, entre ellas las de Juan Sebastián Verón. La falta de sintonía entre la dirigencia de Avellaneda y los actuales popes de la casa madre, explicaría en parte este desamparo.

Tampoco hubo autocrítica política. En plena campaña electoral, nadie se hizo cargo de la ausencia de intervención policial, como si la seguridad no fuera un bien preciado.

Más allá de este caso puntual, la postura de la Conmebol representa un grave retroceso institucional. Tolerar semejantes hechos sin sancionar ejemplarmente a ambos clubes —e incluso, premiar a uno con la continuidad en el torneo— sienta un precedente peligroso.
Abre la puerta para que la violencia se repita, se aliente la justicia por mano propia y se discuta la arbitrariedad de las decisiones.

No es la primera vez que Conmebol aplica una doble vara. Equipos argentinos y hasta la Selección Nacional, han padecido agresiones impunes en estadios de Brasil sin que hubiera mayores consecuencias para los organizadores.

En este caso, además, se echa leña al fuego de una rivalidad innecesaria entre hinchas de países vecinos, justo cuando estamos a días del inicio del Mundial de Chile Sub-20.

Cuando el ente rector del fútbol sudamericano actúa sin ecuanimidad, cuando prioriza intereses políticos o económicos -al no sacrificar la televisación de Alianza-Universidad de Chile- por sobre los valores del deporte, no solo no combate la violencia: la legitima.

Y en esa lógica perversa, el fútbol deja de ser pasión y se convierte en rehén de decisiones que nada tienen que ver con la pelota.

En ese escenario, no sorprende que el fútbol esté como está: lleno de barrabravas que mandan, dirigentes que callan, y organismos que miran para otro lado.

Lo único que falta es que les den las medallas.

*Abogado. Prof. Nac. de Educación Física. Docente Universitario. angrimanmarcelo@gmail.com