Dudas por el pago del avión en especie

La oposición advierte un presunto perjuicio para el Estado en la transacción y el caso podría derivar en una denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

El pago en especie es una operación válida con acuerdo de partes, pero en el caso del avión provincial genera interrogantes el “negocio” para el Estado de un convenio de estas características, por un monto que equivale a casi la mitad de lo pagado en dólares hace poco más de dos años.

El Gobierno anunció esta semana la preadjudicación de la venta de las dos aeronaves de la Provincia, el Cessna Citation V Ultra y el Piper Azteca, a la empresa Aerovida, que se dedica a los vuelos sanitarios desde 1986, con un canje por los servicios que la Provincia podría necesitar en vuelos sanitarios.

El pago en especie fue inducido después de una primera licitación sin oferentes; una segunda que introdujo la modalidad por parte de un privado y obligó a cambiar las condiciones para el tercer llamado a licitación, que quedó a medida de la demanda privada: con el 100% del pago de los aviones en especie. Aunque finalmente MD Fly, la firma que primerió en la idea, no se quedó con el contrato y lo cerró Aerovida, un actor que entró en disputa en la última convocatoria de venta.

Oficialmente se enfatizó que en la negociación, luego de la tercera licitación de diciembre, se consiguió que la empresa mejore su oferta inicial en 170.000 dólares hasta llegar a los 2,6 millones de dólares que abonará con vuelos sanitarios. También pesó que ofreció su servicio de ambulancias en la zona metropolitana y volar con otros aviones de la compañía de ser necesario, incluso con la posibilidad de aterrizar en pistas no asfaltadas.

Con este canje, Río Negro fijó el costo de vuelos sanitarios a una razón de 5,6 dólares por kilómetro recorrido y en paralelo, sigue en análisis otra licitación para contratar 28 vuelos sanitarios —unos 76.500 kilómetros— con un presupuesto oficial de 468 millones de pesos, en la que la misma compañía tiene intereses y compulsa.

Desde que asumió Alberto Weretilneck el tema del avión es incómodo para el oficialismo porque a pesar de que lo compró su antecesora, Arabela Carreras — con denuncias de sobreprecio—, lo autorizaron funcionarios que hoy siguen en su gobierno, dando el visto bueno en el proceso administrativo que se inició en 2021 y concluyó en 2022. Entre los que firmaron el aval estuvo el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, de estrecha confianza del mandatario, y el Tribunal de Cuentas.

La compra del avión fue una decisión política de la gestión de turno. Carreras lo exhibió como un servicio más del sistema de emergencias que creó en el contexto de la pospandemia y cada vez que se la consultaba anhelaba: “Pronto se verán los frutos”.

La venta del avión, tres años más tarde, también es una decisión política, con el argumento de “motivos económicos y operativos”. Incluso el Gobierno desmanteló el área Aeronáutica de inmediato para no dejar dudas.

El gobierno de Weretilneck para fundamentar la decisión de venta exhibió los costos de la aeronave desde que se comenzó a utilizar hasta su último rodaje. Fueron solo 16 meses que le demandaron al Estado 320 millones de pesos en mantenimiento, combustible (el mayor gasto), seguros, costos médicos y personal.

En la ecuación económica hay dudas otra vez y desde la oposición —además de reproches públicos por una posible “maniobra perjudicial” para el Estado— ya hay advertencias de denuncia formal en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la misma que actuó tras el proceso de compra y derivó en tres funcionarios sancionados. Esta vez intervendrán distintos actores ya que desde septiembre conduce la fiscalía Dolores Cardell, promovida por el gobernador para reemplazar al leal Fabián Gatti, que pasó hace cuatro meses al ministerio más político del gobierno.


El pago en especie es una operación válida con acuerdo de partes, pero en el caso del avión provincial genera interrogantes el “negocio” para el Estado de un convenio de estas características, por un monto que equivale a casi la mitad de lo pagado en dólares hace poco más de dos años.

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