Hacia una política integral de fauna silvestre en Río Negro 

Los escenarios para la fauna silvestre ya no son los mismos que hace cuarenta años. Tampoco lo son los paisajes, los vínculos entre el territorio y las personas, ni las problemáticas ambientales que enfrentamos como sociedad. Por eso, Río Negro necesitaba una nueva ley que acompañe ese cambio de época: una norma que no se limite a proteger especies en abstracto, sino que habilite herramientas para gestionar, conservar, restaurar y —cuando sea necesario— intervenir con responsabilidad y visión de futuro. 

La recientemente sancionada Ley N.º 5796 de Fauna de Río Negro no surge de la improvisación ni de la urgencia, sino de un proceso serio, técnico y articulado con múltiples actores. Universidades, investigadores del CONICET, organismos como el INTA, municipios y cooperativas aportaron su mirada para construir un marco legal a la altura de los desafíos actuales. Se trata de una ley moderna, con enfoque territorial, sustentada en evidencia científica y alineada con los principios de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

El eje central es la gestión integral de la fauna silvestre. La gestión implica conocer, clasificar, monitorear, ordenar y tomar decisiones fundamentadas con base en datos, en función de cada región, cada especie y cada contexto. El guanaco en la Línea Sur no es lo mismo que el jabalí en el Valle Medio. Las áreas protegidas no son iguales a las zonas periurbanas donde hoy muchas especies habitan o transitan. 

La ley diferencia claramente entre especies autóctonas —que deben ser conservadas, restauradas y protegidas— y especies exóticas invasoras, como el jabalí o el ciervo colorado, que requieren un abordaje activo. El jabalí, por ejemplo, compite con la fauna nativa, afecta cultivos, compromete la seguridad vial y produce un fuerte desequilibrio en los ecosistemas, al depredar huevos de aves, especies amenazadas y crías de ganado ovino. Frente a esto, la ley establece un marco claro para su control y para su aprovechamiento racional, transformando un problema ecológico en una oportunidad productiva. Con este propósito se están habilitando salas de faena para tránsito provincial —como la ya inaugurada en Río Colorado— y se proyectan nuevas en puntos estratégicos. Este eslabón faltante permitirá canalizar lo que hoy solo se permite para autoconsumo y abrir paso a la utilización de la proteína de calidad que provee el jabalí, generando empleo y desarrollo local, bajo condiciones higiénico-sanitarias y de trazabilidad. 

Es importante dejar en claro que la nueva ley no habilita la caza indiscriminada, ni la cría ni la comercialización de especies de fauna silvestre nativa, ni se ajusta a un modelo de desarrollo que promueva su mercantilización. La fauna autóctona continúa protegida por normativas provinciales, leyes nacionales y convenios internacionales vigentes. A diferencia de la normativa anterior, esta ley declara de interés público “la protección, conservación, propagación y uso sustentable de fauna silvestre en todo el territorio”. En los pocos casos donde se contemple el manejo de especies nativas, este solo será posible bajo estrictos planes de manejo, aprobados por las autoridades competentes y enfocados exclusivamente en determinadas especies y regiones, con criterios de conservación, sustentabilidad y trazabilidad técnica. 

La ley también jerarquiza la figura del inspector de fauna silvestre, con mayores competencias de fiscalización y articulación con fuerzas de seguridad, sin dejar de lado la función histórica de los guardafaunas. Que la ley no mencione explícitamente a los guardafaunas no implica su eliminación, sino que amplía la figura a través de los inspectores, que podrán incluir también a otros agentes estatales (como la policía vial o la brigada rural) encargados de controlar y fiscalizar. Quienes hoy cumplen funciones como guardafaunas seguirán haciéndolo dentro de este marco institucional fortalecido. 

La nueva ley incorpora una visión de largo plazo, educación pública y capacitaciones para quienes actúen como inspectores de fauna. Institucionaliza y regula exhaustivamente toda práctica relacionada con la caza, y establece sanciones más severas contra el furtivismo y los propietarios de campos que lo habiliten. 

La fauna silvestre es parte de nuestro patrimonio natural, pero también es parte del presente y del porvenir productivo, ambiental y cultural de la provincia. Esta ley no propone explotar indiscriminadamente ni liberar mercados sin control. Propone gestionar con inteligencia: conservar la fauna autóctona que debe ser protegida, controlar las especies exóticas que desequilibran los ecosistemas (como el jabalí, el ciervo colorado, los estorninos, el bisón americano o el conejo europeo), y aprovechar de forma sustentable lo que pueda convertirse en valor territorial. 

Río Negro eligió actuar. Lo hace con fundamentos, con ciencia, con planificación y con una profunda vocación pública. Porque conservar no es inmovilizar ni mirar para otro lado. Conservar, hoy, es gestionar bien. 

(*) Subsecretario de Fauna Silvestre de Río Negro