Ipross y jubilaciones: silencio y complicidad gremial

El domingo 5 de octubre, Héctor Roncallo, jubilado docente y exdirigente de la Unter, publicó en este mismo diario una carta titulada “Ipross: tu deuda, la pagás con la mía”. En ella relató una situación injusta: el doble cobro de coseguros como consecuencia de las deudas del Estado provincial con las clínicas. Tiene razón. Pero lo que calla es todavía más grave.

Roncallo denuncia con indignación que los jubilados terminan pagando los desmanejos del gobierno. Lo cierto es que ese mismo modelo fue construido, avalado y sostenido por el sindicato docente al que él pertenece.

La Unter firmó durante años acuerdos salariales con hasta un 80% de sumas no remunerativas, que no generan aportes ni al Ipross ni al sistema previsional nacional. Es decir, desfinanció la obra social y el sistema jubilatorio con su propia firma, mientras los jubilados nacionales y los trabajadores del sector privado aportaban por el 100% de su salario.

A lo largo de este tiempo, los sucesivos acuerdos fueron firmados y homologados por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, que actuó como parte del mismo sistema que los generaba. Podrán escudarse en que esos convenios contaban con autorización formal, pero la legislación nacional y la Corte Suprema de Justicia de la Nación han sido categóricas: las sumas no remunerativas no tienen validez como forma habitual de liquidar salarios. La provincia de Río Negro no posee caja previsional propia y, por lo tanto, a los efectos previsionales y contributivos es un empleador privado más, con las mismas obligaciones que cualquier empresa.

Menos aún puede justificarse cuando el “blanqueo” se realiza solo en el último año de actividad, en una maniobra que distorsiona las jubilaciones y perjudica al sistema nacional.

Río Negro es la única provincia entre las que transfirieron las cajas previsionales a la Nación que incurre sistemáticamente en este tipo de maniobra. Otras como San Luis pagan sumas no remunerativas pero no las “blanquean” el ultimo año, justamente hacerlo constituye un delito tipificado como incumplimiento de deberes de funcionario público, pasible de juicio político. Lo de Río Negro no es una irregularidad administrativa: es una violación consciente y reiterada de las normas previsionales nacionales.

Esta práctica no es nueva. Se viene aplicando de manera sistemática desde 2014, con pleno conocimiento de las autoridades provinciales y del gremio.

Si se calculara la deuda acumulada por aportes omitidos e intereses, superaría los seis billones de pesos, una cifra que dimensiona la magnitud del daño fiscal y previsional causado por esta política encubierta.

Cuando esos montos “en negro” se blanquean solo en el último año de actividad, los beneficiarios acceden a una jubilación ficticia, financiada no por la provincia sino por todos los argentinos a través de la Anses. Así, el Estado provincial se ahorra millones en aportes, el gremio obtiene aumentos sin impacto fiscal inmediato y los trabajadores del país terminan pagando el costo. Una verdadera estafa institucional, silenciosa, sostenida y moralmente inaceptable.

Mientras tanto, al Ipross se le descontaban aportes solo sobre las sumas remunerativas, dejando fuera gran parte del salario docente. Las prestaciones que hoy escandalizan —coaseguros duplicados, demoras, falta de cobertura— son la consecuencia directa de la irresponsabilidad compartida entre gobierno y sindicato. No es casualidad: cuando el Estado gasta mal y los gremios lo avalan, el sistema colapsa… y el ciudadano rionegrino común paga la cuenta a través de sus impuestos.

Por eso, cuando un exdirigente sindical denuncia los efectos pero calla las causas, no está ejerciendo un acto de justicia: está lavando su propia conciencia. No se trata de negar la realidad de un Ipross quebrado ni de desmerecer la legítima queja de los afiliados.

Pero la verdad completa exige reconocer que la complicidad del sindicalismo estatal fue clave en este proceso de deterioro.

La provincia no solo le debe a las clínicas. Le debe a los ciudadanos honestos que aportaron siempre lo que correspondía.

Le debe a los trabajadores privados que nunca pudieron “blanquear el último año”.

Y le debe, sobre todo, a la verdad: esa que el poder político y sindical prefieren mantener en silencio.

*Contador Público de General Roca.