La vocación docente en estos días

En marzo de 2025, María Isabel Millache, docente de 56 años de Luis Beltrán, murió después de que el gobierno de Río Negro le negara una licencia médica. La noticia estremeció a la comunidad educativa.

El sindicato Unter denunció negligencia y desidia estatal, y pidió una auditoría urgente del sistema de licencias. María Isabel había solicitado descanso, pero la empresa privada contratada por el gobierno provincial, encargada de auditar las licencias docentes, rechazó su pedido y ordenó su reincorporación. No llegó a volver.

Su muerte no fue una excepción, sino la expresión más dolorosa de una política que desconoce el cuerpo docente, lo somete al rendimiento y lo devuelve al aula, aunque esté enfermo. En Río Negro, el gobierno provincial sostiene un sistema que terceriza la salud, precariza la tarea y exige más mientras ofrece menos.

Hoy, mientras el país discute campañas legislativas, la comunidad del IFDC Fiske Menuko organiza un bingo solidario para ayudar a una estudiante -también docente- a costear una operación que su obra social no cubre.

Tiene IPROSS, pero está juntando fondos para una mastectomía y ooforectomía. Cada rifa, cada venta de pastas o pizzas, cada bingo solidario revela la misma trama: el vaciamiento del Estado y la privatización encubierta de la vida.

Nosotras cubrimos lo que debería garantizar la política pública. Pagamos la Internet de nuestras aulas, los materiales para quienes no los pueden comprar, el mantenimiento de los edificios. La mayor de las veces, incluso, pagamos con nuestra salud.

Mientras tanto, los medios publican nuestros sueldos como si fueran los mejores del país, pero ocultan lo qué hay detrás de cada salario: horas extra no pagas, planificación, corrección, acompañamiento, formación continua, trabajo emocional.

A esto se suman exigencias crecientes: informes cualitativos, acompañamiento de trayectorias, inclusión, accesibilidad, trabajo híbrido y tareas administrativas.

Todo eso -que es necesario y valioso- no puede recaer en una sola persona.

La flexibilización laboral se disfraza de compromiso institucional y reclama vocación. Se espera que la docencia sea psicóloga, asistente social, pedagoga, técnica y mediadora de conflictos, todo al mismo tiempo y con el mismo salario deteriorado.

Esto debería ser un trabajo colectivo, interdisciplinario, bien pago y cuidado. Pero las políticas actuales lo transforman en sobrecarga, culpa y desgaste.

Y cuando no llegamos, cuando el sistema nos desborda, la culpa recae sobre la educación pública y sobre los docentes.

La última acta paritaria volvió a mostrar el mismo esquema: bonos no remunerativos, sin aumento al básico ni reconocimiento jubilatorio. Nada para IPROSS, nada para jubilados, nada para recomponer la salud laboral.

Desde comienzos de año, el gobierno provincial viene ninguneando las mesas de negociación, escudándose en las políticas nacionales, mientras la pérdida salarial se profundiza y los descuentos por paro alcanzan hasta un 10 % del salario mensual.

En paralelo, la inflación real en la Patagonia no se corresponde con el IPC oficial. La canasta medida no refleja los costos estructuralmente más altos de la región: calefacción, transporte, alimentos, vivienda.

El resultado es que los aumentos salariales se negocian sobre índices que no reflejan el costo real de vivir en el sur, y cada paritaria se vuelve un acto de resistencia contra la aritmética del ajuste.

Mientras todo esto ocurre, el Estado impulsa una reforma del nivel terciario que promueve la virtualidad. Puede ser una herramienta pedagógica valiosa, pero cuando se propone sin inversión en infraestructura ni conectividad, se convierte en una forma más de precarización.

Otra vez, el costo recae sobre las y los docentes, que deben sostener lo que el Estado no garantiza.

No es posible que esto continúe, decía Neruda.

Y no lo decimos solo por cansancio, sino por conciencia. Que no nos acostumbren.

Porque mientras el gobierno exhibe discursos sobre la “calidad educativa”, los techos se caen, las estufas no prenden, las licencias se niegan, los salarios se degradan y los docentes se enferman.

Exigimos condiciones reales para enseñar y aprender: salarios dignos, salud garantizada, equipos interdisciplinarios, estabilidad, tiempo institucional y reconocimiento del trabajo invisible.

Porque la educación pública no se defiende solo con palabras, sino con políticas concretas.

Y mientras quienes gobiernan hacen campaña, las y los docentes de todos los niveles seguimos enseñando, organizando bingos, resistiendo y soñando con un futuro donde educar no duela.

* Psicóloga y Docente de Nivel Superior