Río Negro: se vende

En la provincia de Río Negro, como en buena parte del país, se consolida desde hace años un proceso sostenido de entrega de los bienes comunes a manos privadas, en su mayoría extranjeras. En nuestro territorio, esta dinámica adopta una forma particularmente explícita: se ceden recursos estratégicos con un enorme impacto ambiental sin que ello se traduzca en mejoras reales para quienes habitamos y sostenemos la provincia.

La firma de concesiones hidroeléctricas, la expansión del fracking, el desarrollo no convencional de Vaca Muerta rionegrina y los anuncios vinculados al hidrógeno verde configuran un mapa extractivo que compromete agua, suelo y aire.

Estos proyectos se presentan como promesas de desarrollo, pero reproducen una lógica conocida: los beneficios se concentran, mientras los costos sociales y ambientales quedan en el territorio. Si se justifican en nombre de las regalías, la pregunta es inevitable: ¿dónde está esa riqueza?

Río Negro mantiene hoy a una de sus principales fuerzas laborales —las y los trabajadores estatales— con los salarios congelados desde hace más de un año. Paritarias postergadas, sumas fijas irrisorias, pagos en negro y ofertas por debajo de la inflación dibujan un escenario de empobrecimiento sostenido.

Docentes, trabajadores de la salud y de la administración pública garantizan el funcionamiento del Estado con ingresos que no alcanzan para vivir dignamente.

Este cuadro no es una fatalidad. Basta observar lo que sucede en la vecina provincia de Neuquén para comprender que se trata de una decisión política. Con una matriz productiva también atravesada por Vaca Muerta, allí se priorizaron acuerdos salariales que acompañan la inflación.

En Río Negro, en cambio, el ajuste convive sin contradicción con la entrega de recursos estratégicos.

Esta misma lógica se replica en el campo educativo. Mientras se consolida un sistema escolar precarizado, con reformas que fragmentan trayectorias y debilitan los procesos de enseñanza, el Estado propone programas de parche que trasladan la responsabilidad del fracaso a estudiantes y docentes.

El Programa PreparaRNos, anunciado para febrero de 2026, es un ejemplo elocuente. Bajo el discurso de “nuevas oportunidades”, se propone que las y los estudiantes acrediten saberes durante el verano, de manera virtual, luego de haber transitado un sistema que les permitió avanzar sin aprendizajes sólidos.

No se revisan las condiciones estructurales que produjeron esas trayectorias: se les pide a las y los estudiantes que se adapten, en soledad y en pleno receso, mientras no se explicitan las condiciones institucionales ni laborales en las que se inscribe la propuesta.

Así, el Estado que recorta salarios y habilita reformas educativas regresivas se presenta luego como “acompañante”, pero solo para remendar los efectos de políticas que él mismo diseñó.

La carga vuelve a recaer sobre docentes y familias, mientras avanza un modelo educativo individualista y mercantilizado, acompañado por el desprestigio sistemático de la figura docente, convertida en chivo expiatorio de un sistema que no define.

Defender la educación pública no puede separarse de defender los bienes comunes.

El salario docente, la calidad educativa, la salud pública y el desarrollo social están íntimamente ligados a la soberanía sobre nuestros recursos naturales. No hay proyecto educativo posible en una provincia empobrecida por decisiones que benefician intereses externos.

Defender los salarios y la educación pública no es negociar el precio de la entrega. Es defender el derecho colectivo a decidir qué provincia queremos habitar. Porque aun con salarios dignos, no hay desarrollo posible si se entregan las tierras, se contaminan los ríos y se hipotecan los bienes comunes.

No defendemos solo nuestra fuerza de trabajo: defendemos el territorio, el agua, el ambiente y la vida. Río Negro no puede seguir siendo una zona de sacrificio.

* Psicóloga y docente de Nivel Superior.