Subsidios, tarifas y asimetrías
El impulso de un debate sobre el reparto equitativo de las subvenciones a los servicios públicos debería tener bases más sólidas que el recuerdo de los 80.
Es un problema del gobierno nacional”, respondió hace menos de un mes el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, cuando le preguntaron por la asimetría de un boleto de colectivo a 18 pesos en la ciudad que gobierna contra los 62 que se pagan, por ahora, en Bariloche. La repregunta lo obligó a decir algo más: “no se trata de quitarle a nadie, sino de ver otras variables”.
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Los subsidios forman parte de las tarifas desde hace 20 años en nuestro país. Electricidad, gas, colectivos, combustibles tienen un atenuante en el traslado de sus costos que paga, en general, el Tesoro nacional.
El reclamo de una “tarifa Comahue”, como la que rigió hasta finales de la década del 80, para el norte de la Patagonia parte de una premisa anacrónica: el gas ya no está en manos de una empresa estatal nacional, la distribución de la energía eléctrica es resorte de cada provincia y el precio de los combustibles líquidos (nafta y gasoil) ya tienen un alto componente de subsidio al sur del río Colorado.
Ni Gas del Estado ni Agua y Energía Eléctrica existen. Fueron reemplazados por empresas privadas como Camuzzi o Edersa, o por estatales como Aguas Rionegrinas.
Además el gas llega desde hace más de 20 años a los hogares de Río Negro (y del resto de la Patagonia) con fuertes descuentos gracias a un subsidio que tiene financiamiento por fuera del Tesoro. Eso, claro, para los que reciben el servicio por un caño; los que tienen que usar gas envasado, que en reglas generales son los hogares de menores recursos, pagan la garrafa a un precio disparadísimo.
Si la energía es más barata en ese territorio llamado AMBA, donde se unen la provincia y la ciudad de Buenos Aires, es porque el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que fija las reglas y los precios de Edenor y Edesur, así lo decide.
En Río Negro las tarifas de Edersa y de las dos cooperativas que existen en la provincia, la de Bariloche y la de Río Colorado, las fija el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).
De todos modos, en cada rincón del país hay un costo único del precio mayorista (lo que cuesta generar y transportar la electricidad) que debería trasladarse directamente al precio final pero que es cubierto en gran medida y desde hace 20 años con subsidios nacionales.
Si hay asimetrías en el mercado eléctrico entre el AMBA y el resto del país es porque las provincias les otorgaron a las distribuidoras que operan en su territorio tarifas más altas que las de Edenor o Edesur.
Hay precios que sí son iguales en todo el país, como el de la electricidad. La gran diferencia entre la Capital Federal y las provincias es el boleto de colectivo.
De hecho, hay asimetrías dentro de la provincia: no es lo mismo lo que se paga en Roca, Viedma o Cipolletti que en Bariloche, cuya cooperativa disfruta de un estándar regulatorio diferente del de Edersa.
Lo que ocurre con el transporte en la ciudad de Buenos Aires y su Conurbano es la desigualdad más notoria: como es jurisdicción federal, recibe los beneficios del Tesoro nacional, que, cuando recortó fondos a las provincias, mantuvo intacto el beneficio en el AMBA.
Un boleto de tren entre Retiro, en el centro de la Capital Federal, hasta San Isidro cuesta poco más de 15 pesos, pero si se combina con cualquier otro medio de transporte, colectivo o subte, se reduce a la mitad. Hay en Buenos Aires ferrocarriles más baratos aún: a Villa Adelina sale 7,75 pesos.
El pasaje de colectivo es un poco más caro, entre 18 y 21 pesos, pero bastante más barato que en Bariloche o Roca, donde hay que pagar 62 pesos cada boleto.
El colectivo que va de Roca a Neuquén o de Viedma a Carmen de Patagones también está bajo regulación nacional, pero no se beneficia con el mismo nivel de subvención.
El conjunto de las provincias recibe 46.000 millones de pesos por año de un fondo compensador para el boleto de colectivo, mientras que el AMBA se lleva 300.000 millones. Esta (y la del gas de los pobres con temperaturas de dos dígitos bajo cero) es la verdadera asimetría que debería corregirse a partir de un planteo federal.
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