Facturas atrasadas y cortes, ecos de una pandemia inconclusa en Neuquén

La pandemia no terminó. Por lo menos en el plano sanitario. Sin embargo, administrativamente la realidad parece ser otra. Una de las medidas que incluyó los paquetes de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio (los recordados ASPO y DISPO), fue la prohibición de interrumpir los servicios públicos por falta de pago. Parte del contenido del DNU 311/20 se prorrogó hasta finales del 21. Pero el vencimiento de la norma fue tan silenciosa como el fin de las contemplaciones por parte de las empresas de servicios públicos.

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Subsidios, tarifas y asimetrías

A la par que se quitaba la obligatoriedad de el uso de los barbijos, los cortes se de servicios comenzaron a multiplicarse. En paralelo, y con altos porcentajes de incobrabilidad, también se autorizaron subas en los servicios, como la que Nación confirmó ayer.

Desde la Defensoría del Pueblo de Neuquén confirmaron que reciben casi a diario consultas de vecinos por avisos de cortes, retiros de medidores y planes de pago que les resultan imposibles entender y pagar. En la capital neuquina hay 80.000 hogares conectados a la red de agua del EPAS y 104.000 afiliados (entre domiciliarios, comercios e industriales) reciben la electricidad de CALF, mientras que el número los que dependen de la compañía Camuzzi Gas del Sur, para el gas natural de red, es sensiblemente inferior. Se calcula que en la capital de la principal provincia productora de gas hay entre 12.000 y 15.000 familias sin acceso al gas.

Según los datos a los que accedió Río Negro la cobrabilidad para los servicios de agua y saneamiento del EPAS eran del 65,22% en 2020 y lograron recuperarse el año pasado cerca de diez puntos para finalizar en 73,67%. En el caso de CALF la caída en la cobrabilidad puso en jaque la cadena de pagos de la cooperativa durante de la pandemia: llegó a ser del 60%. Con el paso de los meses mejoró y debió implementar extendidos planes de pago, 36 y 18 cuotas, para tratar de regularizar sus finanzas.

Un caso similar es el que atravesó la empresa provincial de distribución de electricidad, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), la tasa de cobrabilidad en la actualidad llega a un 65% ó 70%. Desde el organismo indicaron que a partir de octubre de 2021 los pagos fueron mejorando y que el grueso de los clientes que no están al día, hasta llegar hasta casi el 90%, tiene un plan de pago o atrasos de 30 ó 60 días.

En el caso de la empresa Camuzzi Gas del Sur, cuya sede central está en Capital Federal, la situación parece más ordenada porque, según el Enargas, la cobrabilidad a mayo era del 98% para todas sus operaciones. Sin embargo, la empresa fue una de las que comenzó a realizar cortes con rigurosidad en el servicio por facturas impagas.

Durante la pandemia el pago del servicio de gas cayó un 24% en la cobrabilidad. Luego se recuperó y ahora vuelve al centro de la escena con días de intensos fríos, como los que vive la región en la previa al invierno, al ser uno de los que más actuaciones tiene ingresadas en la Defensoría del Pueblo de Neuquén. Desde el organismo aseguraron que tiene al menos 10 presentaciones de vecinos, que pueden ser individual o colectivas, consultando por el acceso a planes de pagos o por avisos de corte.

La cooperativa CALF es la que más consultas activas tiene dentro de la órbita del Defensor del Pueblo de Neuquén con 40 expedientes y si bien desde el organismo explicaron que no siempre es por cortes, sí tienen que ver con consultas y acciones que los clientes no pueden terminar de resolver con la propia distribuidora.

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Financiación y aumentos

Puede concluirse que el peso de las tarifas en la economía de las familiares durante la pandemia solo quedó disimulado solo por la prohibición, decretada por Nación, para que las empresas puedan suspender o cortar los servicios públicos ante la falta de pago. Sin embargo, pese a la recuperación de algunos sectores de la economía, el poder adquisitivo de las familias -por otras razones que ya exceden la pandemia- sigue en un delicado estado que afecta el cumplimiento de los compromisos mensuales.

Si bien la mayoría de las distribuidoras pusieron a disposición de los usuarios planes de pago y, en menor medida, quita de intereses para que las familias puedan regularizar sus situación, en el medio llegó una actualización de las tarifas, también congeladas durante los meses más complicados de la pandemia.

El año pasado aumentaron 9% la luz y 6% en el caso del gas, para el valor de generación y producción. Por fuera se ajustaron los valores de transporte y distribución. Recién iniciado este 2022 volvieron actualizarse los precios de la energía y ayer se confirmó que, tras las audiencias públicas de este mes, el 1 de junio se aplicará el nuevo cuadro tarifario de ambos servicios.

Según el Boletín Oficial las subas para el gas serán, en promedio y dependiendo de la región del país, del 16% para la luz y del 25% para en las factruas del gas.

Pero en el medio hubo situaciones particulares para el caso neuquino, por ejemplo, con las modificaciones tarifarias que realizó CALF con el nuevo contrato de concesión, que no solo consiguió un autorización del Municipio para mejorar las facturas sino que, en el caso de los grandes usuarios, en apenas un año la suba fue de entre 325 y 395 por ciento. Es decir que a los planes de pagos y atrasos se sumaron actualizaciones tarifarias que, en algunos casos, se volvieron un combo casi imposible de sortear.

La discusión tarifaria en el país parece un callejón sin salida porque mientras los índices de cobrabilidad muestran situaciones delicadas, desde las empresas aseguran que los atrasos en la actualización de valores y la inflación afectan directamente las inversiones y, por tanto, la calidad del servicio. En el medio queda la otra gran discusión: la cuenta de gastos del Estado por subsidios.

Confusión en la facturación del gas

La compañía porteña que tiene la distribución del gas en La Pampa (con Camuzzi Gas Pampeano) y en la Patagonia (con Camuzzi Gas del Sur) tiene una posición dominante en Neuquén donde apenas cede el 9% del mercado a la provincial Hidenesa. El 91% de los medidores están ubicados en 20 localidades, mientras que la porción restante está dispersa en 24 localidades, lo que muestra la concentración del negocio que, en términos de distribución, es un facilidad para el prestador.

Pero Camuzzi también está en Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la porción sur de Buenos Aires.

La empresa distribuidora de gas, cuyo accionista mayoritario es Alejandro Macfarlane un empresario vinculado al menemismo, bajó su perfil luego de conseguir beneficios extraordinarios durante las subas de tarifas del anterior gobierno nacional.

A tal punto evitó las fricciones que el propio Macfarlane dejó las presidencias de Camuzzi Gas Pampeana y la empresa hermana, Gas del Sur. La situación de la compañía, según declaraciones del mismo empresario, era «crítica” en 2019 y apuntaba a los congelamientos tarifarios, que luego serían continuados por los años de pandemia.

La firma tiene un sistema de cobro donde los montos vencidos no se suman en las siguientes facturas sino que quedan impagos. Esto provocó que varios usuarios se encuentren con cortes sorpresivos, pese a notificaciones formales, por facturas que quedaron atrasadas.

El control de estas actuaciones está a cargo del Enargas que conduce uno de los alfiles del kirchernismo en la política energética: Federico Bernal. Este medio se comunicó con el organismo para consultar por el sistema de facturación, poco frecuente para cualquier servicio público, pero no obtuvo respuestas e incluso dejaron entrever que no estaban al tanto de la metodología.

Una fuente del sector apuntó al sistema de facturación como el mecanismo para obtener un elevado porcentaje de cobrabilidad. Otro punto mencionado fue el congelado numero de nuevos usuarios, algo que necesita de inversiones por parte de la distribuidora.

La indiferencia del Poder Judicial

En 2020 la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) solicitó al Tribunal Superior de Justicia de la provincia (TSJ) que declare el acceso al gas natural como un derecho esencial. La presentación se realizó adjuntando un informe que daba cuenta que 12.000 hogares de la capital neuquina no tenían acceso a la red de gas y debían calefaccionarse en invierno y cocinar con leña o garrafas, pagando costos que multiplican varias veces una factura regular del servicio y que además generan elevados riesgos para las familias.

En septiembre de ese mismo año, el TSJ se declaró incompetente para resolver el pedido por no estar dentro de sus atribuciones formales. Si bien, en la misma resolución, hizo un llamado urgente a los poderes Ejecutivo y Legislativo a abordar el tema, pasaron dos años y el tema no tuvo avances.

El TSJ tampoco volvió a insistir con el tema ni impuso sanciones en caso de que el la situación no se abordara en sus ámbitos naturales.