Otra baja en el equipo de Macri por matrimonio gay



BUENOS AIRES (DyN).- El procurador general adjunto porteño, Carlos Guaia, renunció ayer al cargo en protesta por la decisión del jefe de gobierno, Mauricio Macri, de no apelar el fallo de una magistrada civil de la Ciudad que habilitó el casamiento entre dos hombres.

Fuentes judiciales informaron a DyN que Guaia había impulsado la presentación de una apelación contra el fallo de la jueza porteña en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Gabriela Seijas, quien autorizó el matrimonio homosexual entre Alex Freyre y José María Di Bello.

Las fuentes consultadas manifestaron que la dimisión del funcionario se produjo durante la reunión de gabinete porteño que se realizó esta mañana en la sede del gobierno local, presidida por Macri. Guaia, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), era el segundo en orden jerárquico de la Procuración General porteña, un escalón por debajo del titular de ese área, Pablo Tonelli.

El fallo de la jueza Seijas no fue apelado por el gobierno porteño, hecho que habilitó el casamiento previsto para el 1 de diciembre, en un Registro Civil del barrio de Palermo.

Sin embargo, el casamiento no pudo realizarse a raíz del fallo de la magistrada civil nacional, Marta Gómez Alsina, avalado por la Cámara de ese fuero. Tras la decisión de la justicia civil nacional, el gobierno porteño decidió el martes que "provisoriamente" no se realizara el matrimonio entre Freyre y Di Bello hasta que se resuelva sobre la nulidad reclamada en la habilitación dispuesta por Seijas.

En el marco del conflicto judicial producido por fallos en distinto sentido, el procurador porteño, Pablo Tonelli, pidió la semana pasada a la Corte Suprema de Justicia que defina qué tribunal es competente para resolver sobre el casamiento, si la justicia de la Ciudad o el fuero nacional.

Por su parte, el jueves, la pareja gay que no pudo casarse pidió a la justicia que aplique multas al jefe de gobierno porteño por no acatar el fallo que autorizó el matrimonio. El abogado Gustavo López, que representa a la pareja, explicó en ese momento que el reclamo es para que "se apliquen sanciones económicas a Macri y al director del Registro Civil, Alejandro Lanusse", por cada día de demora en incumplir su fallo.


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