Otro bofetón

Claramente indiferente al clima de sospecha que envuelve todo lo relacionado con su conducta,el Congreso de la Nación ha creído oportuno derogar una resolución ministerial que fue difundida el año pasado, que servía para controlar las pensiones graciables, aquellas dádivas que, como los señores feudales de otros tiempos, los legisladores suelen otorgar a los presuntamente necesitados cuya situación no ha sido prevista por los caóticos y muy ineficientes sistemas de seguridad social existentes. Como es notorio, si bien en la mayoría de los casos los beneficiados han sido pobres auténticos y por lo tanto merecedores de asistencia mientras que las pensiones de este tipo han sido exiguas, en algunos casos diputados y senadores sin escrúpulos han aprovechado la oportunidad así presentada para aumentar los ingresos de sus propios familiares o de amigos personales. Es innecesario decir que tales manifestaciones de desprecio por las normas éticas más básicas han resultado ser más que suficientes como para desacreditar por completo a esta modalidad un tanto rudimentaria de «ayudar a la gente». Asimismo, aunque los legisladores eligieran con honestidad ejemplar a los pensionados, el sistema seguiría siendo intrínsecamente malo por depender exclusivamente de la voluntad de políticos que por razones profesionales son deseosos de impresionar a los demás por su «generosidad» repartiendo fondos públicos como si procedieran de sus propios bolsillos. Para colmo, la razón de ser de las pensiones graciables consiste precisamente en la incapacidad manifiesta de la clase política en su conjunto para organizar programas de bienestar comparables con los que se dan en muchos otros países, de suerte que constituyen una especie de premio a su propia inoperancia.

Puede que los montos supuestos por las llamadas pensiones graciables no sean muy grandes, pero en vista del estado de la economía nacional cualquier ahorro, por minúsculo que fuera, será importante. Sin embargo, el que los legisladores, a pesar de que en medio de la crisis actual deberían tener otras prioridades mucho más urgentes, no hayan vacilado en asegurar que en adelante les resulte más fácil perpetrar pequeñas estafas, hace pensar que están más interesados en defender sus «conquistas» que en contribuir a solucionar los problemas gravísimos que penden sobre el futuro del país y de virtualmente todos sus habitantes. Incluso parecería que han querido provocar a una ciudadanía que ya se siente harta de la conducta de sus representantes informándole que no es su intención someterse a ninguna clase de control, actitud que, dadas las circunstancias, difícilmente podría ser más perversa. Aunque los reclamos de la ciudadanía, en especial los vinculados con el «corralito», son contradictorios y a veces irracionales, casi todos comparten la convicción de que es imprescindible intensificar la lucha contra la corrupción política controlando con más rigor los gastos de los legisladores o funcionarios elegidos y también, obvio es decirlo, poner fin a su costumbre ya tradicional de apropiarse, por motivos personales o partidarios, de los fondos aportados por los contribuyentes.

Sea exagerada o no la propensión generalizada a achacar a la clase política – la que, al fin y al cabo, ha sido legitimada repetidamente por los sufragios de quienes están pidiendo su remplazo por otra de características muy diferentes -, la culpa por todos los males del país, no cabe duda de que a sus integrantes les es forzoso procurar recuperar la confianza de la ciudadanía. Tampoco cabe dudar de que para hacerlo los políticos tendrán que aprender a legislar con realismo, negándose a entregarse a los arranques demagógicos a los que tantos están aficionados, y, sobre todo, a abstenerse de continuar acumulando los muchos privilegios grandes y chicos que, con razón o sin ella, la mayoría considera emblemáticos de la corrupción. De estos privilegios, el conformado por el derecho a repartir pensiones graciables siempre ha estado entre los más repudiados por prestarse tan fácilmente a aquellas irregularidades que son típicas de nuestro país en el que parecen ser irremediables vicios como los supuestos por el amiguismo, el nepotismo, el clientelismo y las distintas formas de rapiña.