Otro fallo dictó la inconstitucionalidad total del decreto antigoteo

El líder de los ahorristas estafados fue recibido ayer por el presidente del Banco Central, todo un gesto del contrincante de Lavagna. El decreto firmado por el presidente Duhalde para frenar la salida de dinero incautado por el gobierno sigue despertando el rechazo de la Justicia. En una resolución que beneficia a todos los ahorristas del país, la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Marta Emilia García dictó la inconstitucionalidad total del decreto 1316/02 del Gobierno que paralizó por 120 días las ejecuciones de medidas judiciales contra el «corralito».

Por otra parte, el Ministerio de Economía anunció que no avanzará en una reapertura del canje de depósitos atrapados en el «corralito» por bonos del Estado hasta tanto no se frene definitivamente el «goteo» de fondos por vía de los amparos judiciales

Así lo admitieron en Hacienda, donde reconocieron la intención del ministro Lavagna, de habilitar una nueva etapa del canje, al tiempo que señalaron que su implementación está condicionada. «Hasta tanto no se cierre la salida de dinero por amparos no tiene sentido en avanzar en una propuesta de este estilo porque todas las proyecciones están siendo desbordadas», dijeron.

En abierto desafío con Lavagna el presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, se reunió con Nito Artaza, portavoz de los ahorristas estafados para estudiar caminos alternativos del conflicto.

El fallo de ayer

La jueza Marta Emilia García adoptó la medida en el marco de una presentación del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. Apenas minutos después, una colega de García, la jueza María José Sarmiento, dictó un segundo fallo en idéntico sentido, aunque en ese caso beneficia a una ahorrista. García ya había declarado inconstitucionales el «corralito» y la pesificación a 1,40, también a raíz de una presentación de Mondino.

Por otra parte, la Defensora del Pueblo porteño, Alicia Oliveira, radicó una nueva denuncia contra el Estado por este decreto, con la intención de proteger a los ahorristas porteños.

El decreto 1316 tiene en total siete artículos, pero las medidas centrales están contenidas en los tres primeros, los declarados inconstitucionales. García declaró inconstitucionales los artículos 1, 2 y 3, que suspendían las ejecuciones por 120 días hábiles, fijaban un período de 30 días para los pagos una vez vencido ese plazo y estipulaban que el Central pagara en los casos de excepción «por cuenta y orden» de las entidades financieras en las que los ahorristas tenían depósitos .

El decreto 1316 «no resiste la más elemental confrontación con la Constitución Nacional», según dijo la magistrada.

Y remarcó que «vedar en forma generalizada la posibilidad de los jueces de ejecutar sus mandatos implica el avasallamiento del derecho a la tutela judicial».

«Se trata aquí de evaluar el impacto de la suspensión prevista en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, que la Corte tiene conceptuado como el «derecho de ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia»», explicó García.

En ese sentido, entendió que ese derecho «requiere que se cumpla la garantía del debido proceso…que la pretensión se resuelva mediante una sentencia oportuna en el tiempo y fundada en derecho, y que la eficacia real de la jurisdicción concretada en la sentencia no resulte ilusoria».

Esos preceptos, según la jueza, no se cumplieron en el caso del decreto 1316: «Resulta evidente que suspender el cumplimiento de las sentencias definitivas y de las medidas cautelares atenta contra la oportunidad y eficacia del mandato judicial», sostuvo.

El artículo tercero -ya declarado inconstitucional en la víspera por la jueza Heiland, con igual suerte en los fallos de ayer- establece que en los casos de excepción, debía ser el BCRA el que pagara «por cuenta y orden» de los bancos las medidas contra el corralito. El artículo tercero ya fue declarado inconstitucional en «al menos 200 causas».

En tanto, mientras el Parlamento Europeo pidió en varias ocasiones durante los últimos días que se respeten los derechos de los ahorristas argentinos, el lunes llegará al país la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, para estudiar la denuncia presentada por Artaza y miles de ahorristas por «violación de los derechos humanos». (DyN, Télam)

Pignanelli con Nito Artaza

Luego de una semana de abierto enfrentamiento con el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, terminó la semana con un gesto. Se reunió ayer con el actor Nito Artaza, quien lidera el movimiento Ahorristas Bancarios Argentinos Estafados, para tratar de lograr coincidencias destinadas a solucionar «a la mayor brevedad» los problemas creados por el corralito y la pesificación de depósitos en dólares.

De la reunión, pactada por el titular del Central, participaron también los abogados Bergenfeld y Guaresti , y el ex futbolista y también representantes de los ahorristas, Hugo «Perico» Pérez.

Los visitantes trasmitieron al funcionario la preocupación de los ahorristas por la sanción del decreto antiamparo que suspende la ejecución de medidas cautelares por 120 días hábiles y pidieron precisiones al funcionario sobre la propuesta del Central y de varios bancos para abrir el corralito y devolver depósitos en moneda de origen. «Pignanelli nos comentó que el Central y una serie de bancos están elaborando un proyecto para restituir el dinero con bonos de tres, cinco y 10 años, emitidos por las entidades financieras, los cuales serían equivalentes al total del importe con el valor del dólar a 1,40 pesos más el CER; en tanto que Estado se haría cargo del resto».

La abogada aclaró que «de ninguna manera esto satisface nuestras pretensiones, porque la gente quiere recuperar el dinero en su totalidad y cuanto antes, como corresponde, pero no deja de ser un avance, ya que antes ni siquiera nos convocaban». La letrada confirmó también que el lunes venidero llegará al país la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para estudiar la denuncia presentada por Artaza y miles de ahorristas por «violación de los derechos humanos».