Otro fracaso

Aunque es de suponer que quienes abuchearon y dieron la espalda al ministro de Justicia, Jorge Vanossi, cuando hablaba en ocasión del décimo aniversario del sanguinario atentado contra la Embajada de Israel, entendían muy bien que él personalmente no fue responsable de la defectuosa reacción nacional frente a aquel ataque, el que haya figurado como el representante formal de la «clase política» era más que suficiente como para asegurar que sería el blanco principal de la ira de los asistentes. Es que a juicio de la mayoría es en última instancia culpa de «los políticos» que, como dijo Vanossi, las investigaciones infructuosas de los atentados contra la embajada y la sede de la AMIA sean «reflejo de una vergüenza desgarradora, donde la Justicia brilla por su ausencia».

Por supuesto que aquel episodio trágico debería haber servido para advertirnos sobre lo peligroso que era permitir que los destinos del país quedaran en manos de improvisados, oportunistas e incapaces pero, es necesario decirlo, la mayoría prefería tomarlo como una aberración relacionada con un conflicto supuestamente ajeno que no se repetiría. Asimismo, incluso las protestas contra la inoperancia patente de las autoridades, las que ni siquiera disimularon su desconcierto, no tardaron en teñirse de resignación porque a partir del primer minuto, la mayoría preveía que los autores del crimen nunca serían capturados y juzgados, que «justicia» era una palabra abstracta, no una posibilidad auténtica.

Si bien el atentado mismo no nos dijo nada sobre el estado del país -irrupciones salvajes terroristas similares pueden concretarse en todas partes y en todo momento-, la reacción institucional pronto descubrió una realidad que era sumamente desalentadora. En la tarea de rescate se hizo más evidente la buena voluntad de los ciudadanos que querían ayudar, que el profesionalismo de los equipos locales. Más alarmante que la desorganización así manifestada, empero, era la sensación de que la Corte Suprema, la Policía Federal, los diversos servicios de inteligencia y el gobierno del entonces presidente Carlos Menem estaban resueltos a «embarrar la cancha», acaso por miedo a lo que podría revelarse. Se trataba de la reacción instintiva frente a un desastre de connotaciones desconocidas de los vinculados de algún modo con «el poder»: aun cuando no tengan motivos para sospechar que otros miembros de esta corporación informal fueron involucrados, les es habitual proceder con gran cautela por si el progreso de una investigación les provocara dolores de cabeza. Esta actitud, combinada con la impericia generalizada atribuible a la politización sistemática, constituye la causa fundamental del fracaso de casi todos los intentos por aclarar crímenes importantes.

De más está decir que la cancha sigue embarrada. La intervención de la Corte Suprema fue contraproducente, lo que era previsible porque los ministros no estaban preparados para una investigación de tamaña envergadura. Los esfuerzos de la Policía y de los «servicios» se vieron jaqueados tanto por sus limitaciones notorias como por la sospecha, que no se ha disipado, de que la «conexión local» se encontraba en sus propias filas por ser cuestión de entidades llenas de antisemitas. La idea de que el atentado pudiera haberse debido a una promesa no cumplida de Menem o de un miembro de su entorno a un régimen o agrupación árabe, habrá incidido en la conducta de los reacios a cavar demasiado. También es más que probable que andando el tiempo los israelíes mismos decidieran que por razones tácticas no les convendría explorar todas las pistas o presionar con todo el vigor preciso al gobierno de un país amigo.

Justificadas o no tales sospechas, están compartidas por muchos. Suponen que por motivos inconfesables, los gobiernos de Menem y de Fernando de la Rúa, la Corte Suprema y las fuerzas de seguridad han preferido encubrir a descubrir, convirtiéndose así en cómplices pasivos de los asesinos. Pocos, muy pocos, creen que este panorama siniestro se modificará en el futuro, no porque los terroristas hayan sido extraordinariamente hábiles, sino porque nuestras autoridades, por desidia, por razones políticas siniestras o por la falta de competencia que las caracteriza, no querrán y no sabrán encontrar la verdad.