Otro frente de conflicto

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Como no pudo ser de otra manera, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reaccionaron con una mezcla de estupor y enojo al enterarse de que la Relatoría Especial de la ONU acababa de criticar en términos duros la reforma judicial que están impulsando porque, en opinión del titular y sus asesores, viola “principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”, además de ser contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La sorpresa que sintieron puede entenderse, ya que, a menos que se trate de Israel, los encargados de las diversas reparticiones de la ONU no suelen amonestar a los gobiernos de países miembros, muchos de los cuales son dictaduras brutales, por iniciativas claramente destinadas a dar aun más poder a sus mandatarios. En un esfuerzo poco feliz por defenderse de los reparos de la relatora especial Gabriela Knaul, la jurista brasileña prestigiosa que fue nombrada por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU para velar por la autonomía judicial en todos los países del mundo, la Cancillería improvisó un comunicado furibundo en que la acusó de “improcedente conducta”, de procurar hacer de la ONU “fiscal, juez y verdugo” de un país miembro, de compartir ideas con el radicalismo, de haber sido mal informada y de muchos pecados políticos más. De más está decir que tales palabras no habrán servido para convencer a los preocupados por el intento oficial de poner fin a la independencia del Poder Judicial de que lo único que el gobierno de Cristina se ha propuesto es “democratizarlo”. Antes bien, los harán temer que la Argentina seguirá alejándose del grupo de naciones democráticas para asemejarse cada vez más al conformado por países autoritarios como la Rusia de Vladimir Putin. Tienen razón los voceros oficiales cuando señalan que las reformas judiciales que el gobierno se ha resuelto llevar a cabo son “cuestiones internas de la República Argentina” –también, como insistían los militares, lo era la guerra sucia de cuatro décadas atrás–, pero no pueden sino entender que la política interna incide de mil maneras en la relación del país con los demás integrantes de la llamada comunidad internacional. Aunque no lo haya querido la presidenta, se las ha arreglado para agravar el aislamiento del país debido no sólo a su actuación en el escenario mundial sino también a causa de la gestión interna. Es que el desprecio por las normas que es tan característico de gobiernos como el kirchnerista, que buscan los enfrentamientos por suponerse capaces de aprovecharlos, siempre resulta contraproducente en el plano externo. En la actualidad ningún mandatario extranjero, ni siquiera el venezolano Nicolás Maduro, confía plenamente en la Argentina. Antes bien, todos coinciden en que el gobierno de Cristina es tan imprevisible que en cualquier momento podría cambiar radicalmente de rumbo con la esperanza de conseguir algunos beneficios pasajeros. El que hacia finales de su décimo año en el poder el kirchnerismo haya emprendido de un día para otro una ofensiva vigorosa contra la independencia judicial no puede atribuirse a una presunta necesidad de profundizar un “proyecto” ideológico determinado. Es una consecuencia de la frustración indisimulada que sienten la presidenta y sus estrategas por el éxito parcial de los abogados del Grupo Clarín que intentan frenar en la Justicia el desmantelamiento de sus empresas. Desgraciadamente para los kirchneristas, pusieron en marcha la campaña contra la Justicia justo cuando el deterioro rápido de la situación económica motivaba más interés en las denuncias en torno a la corrupción gubernamental que involucran no sólo al vicepresidente Amado Boudou, el ministro de Planificación Julio De Vido y otros funcionarios sino también a la presidenta Cristina. Es, pues, lógico que tanto en el país como en el exterior muchos hayan achacado la “democratización” de la Justicia a la voluntad de los integrantes de lo que hace poco el expresidente interino Eduardo Duhalde calificó, si bien indirectamente, de una “cleptocracia” –un gobierno de ladrones– de contar en el futuro con la ayuda de un Poder Judicial debidamente domesticado y que, para conseguirla, estén más que dispuestos a pisotear la Constitución nacional y, con ella, los principios fundamentales de la democracia moderna.