Otro parche previsional

La última sesión del año en Diputados que definió la fórmula de actualización de las jubilaciones fue un muestrario de la escasa capacidad de la política para definir políticas de Estado sobre asuntos estratégicos. El nuevo esquema terminó siendo otro parche definido por urgencias fiscales, que perjudicará a los jubilados que menos ganan, mientras se mantienen privilegios intolerables para otros y no se considera la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.


La ley aprobada en el Congreso cambia –otra vez– la fórmula mediante la cual se ajustan los haberes previsionales. Mientras antes lo hacían un 70% por inflación y un 30% por el índice salarial, ahora se vuelve a la fórmula anterior, que ajusta un 50% según salarios y un 50% según los recursos tributarios de Anses, con un tope de recursos. El argumento del gobierno es que esta fórmula fue “probada y exitosa” entre 2009 y 2017, cuando los jubilados “aumentaron su poder de compra un 26%”. Omitió decir que se basa en estadísticas del Indec fuertemente manipuladas en el período.


La clave está en los “empalmes” o transiciones que permiten importantes “ahorros fiscales” a los gobiernos de turno. En 2017, la fórmula basada en la inflación de Mauricio Macri “omitió” un trimestre completo y tuvo un “ahorro fiscal” de casi un punto del PBI. Alberto Fernández suspendió en 2019 el cálculo y fijó aumentos por decreto, por debajo de la ley de movilidad. “Ahorró” unos $ 98.000 millones, claves para el equilibrio fiscal negociado con el FMI. Así, las jubilaciones perdieron desde 2015 de un 20 al 25% de capacidad de compra.


Según los expertos, la principal falencia del nuevo sistema es la falta de garantías respecto de la inflación. Básicamente: si la economía crece, los salarios superan a los precios y la inflación es baja, los jubilados tendrán buena parte de la mejora. Pero si hay bajo crecimiento o recesión con elevada inflación (como en los últimos 10 años y tal vez en 2021), las subas serán muy bajas. Y si no hay mecanismos para recuperar lo perdido, la quita es permanente.


En el cruce de chicanas por saber quién ajustó más o menos, se agrega otro parche al sistema previsional, que desde 1996 promedia un “déficit puro” de un 1% del PBI al año. Desde esa década, se realizaron al menos ocho grandes reformas, que incluyeron una privatización (con quitas a las provincias para financiarlo), un sistema mixto y finalmente la reestatización de todo el sistema, en 2008 (sin devolver dinero a las Provincias hasta 2015, por orden de la Corte). También hubo bajas de aportes que restaron recursos y moratorias que permitieron incluir a millones al sistema, algo positivo, pero sin cálculos sobre su impacto, pues en el 2009 Anses dejó de brindar datos.


Argentina debería encarar una reforma estructural de su sistema previsional mientras aún tiene el “bono demográfico” (son más los activos que sostienen el sistema que los pasivos con beneficios) por unos 20 años más. Con jubilaciones mínimas de $19.035, hoy casi la mitad de los pagos se financia no con recursos del sistema, sino con impuestos.

Un 40% de quienes trabajan no hace aportes, muchos cuentapropistas que, si lo hacen, quiebran o dejan de subsistir. Mientras se “achata la pirámide” hacia abajo, con pérdidas para quienes aportaron toda una vida y jubilados que cobran $ 70.000 pagan Ganancias, otros perciben dobles beneficios (jubilación más pensión) y se mantienen regímenes de privilegio que pagan cifras siderales a exfuncionarios, legisladores, jueces y diplomáticos (el juicio ganado por Cristina Fernández es un resumen más que elocuente por las cifras que involucra).


La clase política debiera ser capaz de llegar a un pacto de Estado y crear condiciones para aumentar el empleo formal, reordenar y fortalecer el sistema previsional, sin demagogia ni falsa indignación moral. Una discusión seria, basada en datos y proyecciones rigurosas de cómo funciona el sistema hoy y a futuro, en base a la demografía. Todo lo contrario a lo que se hace: parches para bajar el gasto y un inmovilismo de malas políticas previsionales que pagarán caro futuras generaciones.


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