Otros tiempos

El acto de condena más impresionante del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fue el celebrado en silencio por la inmensa mayoría de los habitantes del país que, a pesar de verse atrapados en una crisis económica devastadora que el gobierno del presidente Eduardo Duhalde no está en condiciones de atenuar, no han manifestado el menor interés en reclamar una «solución militar». Se trata de un sentimiento que está compartido plenamente por casi todos los militares mismos: la ilusión de que por simbolizar el orden y, se supone, la eficiencia, las Fuerzas Armadas estarían en condiciones de gobernar la Argentina fue desvirtuada por el Proceso cuyo fracaso, al eliminar lo que era hasta entonces una opción característica de la cultura política nacional y latinoamericana, posibilitó la consolidación posterior de la democracia. Si bien nuestra versión de esta modalidad ha resultado ser defectuosa, pocos imaginan que convendría tratar de reemplazarla por un sistema dictatorial: con escasas excepciones, quienes están en favor de introducir modificaciones quieren que sea más democrática y más representativa.

En cambio, muchos actos que eran explícitamente contrarios a aquel golpe de hace más de un cuarto de siglo parecieron destinados no a repudiar a los pocos que siguen comprometidos con los proyectos autoritarios que en aquel entonces estaban en boga, sino a reivindicar todos salvo el encarnado por los militares. No se oponían a la violencia «buena», la suya, sino a la «mala», la ajena. En efecto, con nostalgia evidente, partidarios de la izquierda no democrática, montoneros envejecidos, quienes de forma nada convincente se afirman como defensores de los derechos humanos, y otros trataron de recrear la atmósfera de los años setenta reivindicando «la lucha armada» y expresando su aprobación a las FARC colombianas. Según parece, en base a la misma lógica perversa que motivaba a los jefes de los movimientos terroristas de hace casi tres décadas, se han convencido de que si lograran provocar una intervención militar, el pueblo, horrorizado por las consecuencias, se encolumnaría tras sus banderas revolucionarias. Por fortuna, no es nada probable que «la derecha» caiga en la trampa: aunque lo hiciera, los más perjudicados por tamaño desastre serían los simpatizantes de aquellos que la tendieran.

Si bien el Proceso sirvió para desacreditar la noción de que sería imposible solucionar o atenuar los problemas del país sin una dosis generosa de violencia física, tesis ésta que en 1976 les pareció irrefutable no sólo a los militares y a los «subversivos» sino también a amplios sectores ciudadanos, aquella experiencia incidió de manera muy negativa en el pensamiento económico de una generación de dirigentes políticos. Por motivos personales, les convino hacer creer que cualquier esfuerzo por equilibrar el presupuesto frenando el aumento del gasto público sería «neoliberal» por antonomasia y por lo tanto idéntico a la estrategia que procuró aplicar el régimen encabezado por el general Jorge Rafael Videla. Dicha patraña -es un contrasentido tildar de «neoliberal» o «monetarista» a un gobierno responsable de lo que antes de la llegada de Raúl Alfonsín era la tasa de inflación más elevada del planeta- ha continuado influyendo en la política nacional hasta nuestros días, con los resultados conocidos. Como si esta secuela del Proceso ya no fuera más que suficiente, hay quienes insisten en que la crisis actual es el resultado directo de las políticas ensayadas por el régimen, teoría que tendría algún sentido si el «modelo» de Isabel Perón hubiera estado esencialmente sano pero que, si consideramos el estado de la economía antes del golpe, es un disparate. En términos políticos, pues, hemos aprendido las lecciones dejadas por el Proceso, pero la herencia económica ha sido muy pesada, no tanto por lo que efectivamente hicieron los sucesivos gobiernos militares en sus intentos vanos por remediar lo que ya era un desaguisado fenomenal cuanto por la ayuda que brindaron a los populistas que, a partir de 1983, se dieron el gusto de descalificar por «autoritaria» cualquier medida que a su entender podría asemejarse a una emprendida por la dictadura, garantizando de este modo que llegaría el día en que la economía se vería aplastada por un gasto público totalmente fuera de control.