País sin dirigentes

Las revueltas callejeras que empiezan como cacerolazos tan pacíficos como ruidosos para después degenerar en disturbios violentos y estallidos de vandalismo gracias a la participación de exaltados, trátese de «espontáneos», marginados o activistas, atraídos por la confusión, ya se han convertido en parte de la vida cotidiana del país y todo hace prever que crecerán en intensidad en las semanas próximas, asegurando a la Argentina un verano sumamente caliente comparable con aquellos que periódicamente causan estragos en los barrios negros de las grandes ciudades norteamericanas. Como suele suceder en estas circunstancias, abundan los que se creen indicados para ofrecerse para liderar las protestas. A pesar de que éstas se dirigen contra la clase política en su conjunto, legisladores, funcionarios, fiscales, jueces y otros están procurando aprovecharlas subrayando su propia solidaridad con «la gente» que, luego de haber forzado la renuncias de Domingo Cavallo y Fernando de la Rúa, decidió echar a Carlos Grosso de su puesto de jefe de asesores del presidente Adolfo Rodríguez Saá por creerlo un corrupto emblemático. Sorprendería que Grosso resultara ser el último que viera truncada su carrera así. Sin embargo, otros reclamos de «la gente» no podrán satisfacerse con tanta facilidad, entre ellos el principal, que tiene que ver con el «corralito» bancario, una medida sin duda odiosa pero, por desgracia, necesaria porque sin ella todo el sistema bancario se hundiría, depauperando a millones, catástrofe que podría parecer deseable a algunos jueces y a personajes como la defensora del pueblo porteño, Alicia Oliveira, pero que no ayudaría en absoluto a los demás.

Pues bien: no es difícil entender la indignación que siente la sufrida clase media nacional y es comprensible que muchos se hayan puesto a aplaudir lo que en opinión de los optimistas podría presagiar el fin de la democracia «delegativa» tan típica de pueblos largamente acostumbrados al autoritarismo, pero para que algo positivo surja del colapso del orden que está en vías de producirse será preciso que el sentimiento de rechazo que está movilizando a miles de ciudadanos habitualmente pasivos dé pie a un programa político. Puede que en términos generales lo que las muchedumbres que salen a la calle están pidiendo es que la Argentina sea un país «normal», es decir, que se asemeje más a España e Italia que al país efectivamente existente, lo cual sería una aspiración muy razonable, pero lograrlo requerirá mucho más que la expulsión del gobierno de «los ladrones» o incluso la renovación completa de la dirigencia política y sindical. Mal que bien, ninguna sociedad puede funcionar sin partidos organizados que sean algo más que meros «movimientos» excesivamente amplios, y por antipático que sea, cualquier gobierno serio tendrá que tomar medidas que privilegien a algunos sectores en desmedro de otros.

Por lo pronto, lo único que ha producido la rebelión ciudadana contra la condición del país es un movimiento embrionario tan vago que virtualmente todos, exceptuando a los jefes desconcertados de la UCR y, en menor medida, el PJ, pueden creerlo favorable a sus propias pretensiones. Aunque propende a consolidarse la convicción de que los dos movimientos tradicionales han fracasado de forma ignominiosa y que sería inútil intentar actualizarlos, todavía no se percibe ninguna voluntad de avanzar más allá de este juicio rudimentario. A menos que esto suceda muy pronto, empero, la indignación que tantos sienten no tardará en degenerar en amargura y después en desesperanza autodestructiva. Si los acontecimientos de las décadas últimas nos han enseñado algo, esto es que no sirve para mucho una clase política cuyos líderes se limitan a repetir lo que según las encuestas quiere «la gente», dando a entender que están dispuestos a concretarlo no bien lleguen a una posición de poder. En efecto, la razón básica por la que tantas personas han comenzado a gritar eslóganes contra «los políticos» consiste en la negativa de la mayoría abrumadora de quienes se afirman «dirigentes» a asumir plenamente las responsabilidades correspondientes a su presunta condición, realidad que, por desgracia, no parece a punto de modificarse.