País sin justicia
La solicitada de 5 Nobel de Economía y 70 personalidades contra la detención de Cavallo denuncia un hecho vergonzoso.
Lo comprenda o no «la gente», la Argentina se ha transformado en un paria internacional no sólo a raíz del manejo irresponsable de la economía, sino también a causa de la convicción nada caprichosa de que en nuestro país la Justicia está subordinada a los intereses de las diversas fracciones políticas. En Europa y Estados Unidos, los dirigentes suponen que sería absurdo hablar de «seguridad jurídica» en la Argentina porque sospechan que si por algún motivo un político poderoso quiere perseguir a alguien por razones personales o porque le parece conveniente convertirlo en un chivo expiatorio, siempre habrá un juez que esté dispuesto a colaborar. A su juicio la víctima más eminente de la arbitrariedad seudo judicial es el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, que está encarcelado desde el 3 de abril por orden del juez en lo Penal Económico Julio Speroni por su presunta participación en la venta ilegal de armas. Puesto que nadie toma demasiado en serio la idea de que Cavallo haya sido cabecilla de una banda de traficantes de armas – su vínculo con el asunto fue a lo sumo burocrático-, los más entienden que se ha tratado de un pretexto un tanto rebuscado para meterlo entre rejas. Sin embargo, a pesar de la conciencia generalizada de que Cavallo es víctima de una maniobra política vil, virtualmente nadie en el país se ha animado a protestar contra el atropello.
Se ha reeditado, pues, la situación que imperaba durante el Proceso cuando la mayoría toleraba e incluso aplaudía la detención por los esbirros del régimen de personas coyunturalmente impopulares. Por cierto, en la Argentina muy pocos se sintieron preocupados por el arresto del periodista Jacobo Timerman aunque, años después, muchos cambiarían de parecer no por haberse enterado de la verdad sino porque los militares y sus simpatizantes se habían erigido en los malos de nuestra película particular debido a su incapacidad para mejorar el estado de la economía. En el exterior, donde la doctrina de «por algo será» no cuenta con muchos partidarios, las actitudes eran muy distintas: andando el tiempo, la prolongada detención de Timerman sirvió para desprestigiar a la dictadura casi tanto como todos los demás crímenes que ésta perpetró.
No sorprendería en absoluto que Cavallo resultara ser el Timerman del gobierno de Eduardo Duhalde que, como se ha informado, presionó a los jueces a través del jefe de la SIDE, Carlos Soria, para que el ex ministro quedara preso. Por cierto, la solicitada que se publicó hace un par de días en The New York Times – acaso el diario más influyente del planeta-, con las firmas de cinco premios Nobel de Economía y setenta personalidades destacadas más, se asemeja mucho a las que aparecían con frecuencia cuando Timerman estaba detenido. De existir evidencia que sirviera para justificar la orden de arresto de Cavallo, quienes firmaron la solicitada se hubieran limitado a lamentar lo ocurrido sin cuestionar la Justicia argentina, como en efecto hicieron al reclamar que la resolución del caso sea «justa e imparcial»: puesto que no hay tal evidencia, saben muy bien estar frente a un episodio vergonzoso de persecución política que, por desgracia, disfruta de la aprobación de una parte muy significante de la ciudadanía. Esta, luego de dejarse convencer por los operadores políticos y ciertos intelectuales progresistas de que Cavallo -el hombre que meses antes habían ovacionado como salvador de un país ya quebrado-, era el máximo responsable del colapso, no siente interés por la eventual validez de los cargos en su contra.
Claro, los que se regodean por la detención de Cavallo dicen creer que su caída en desgracia prueba que no hay «impunidad» en la Argentina. Se equivocan. Lo único que confirma es que en la Argentina no hay justicia. De perder su poder actual cualquiera, trátese de Duhalde, Raúl Alfonsín, Jorge Remes Lenicov, Roberto Lavagna, Mario Blejer o Soria, podría ser detenido bajo alguno que otro pretexto presuntamente jurídico, razón por la que convendría a los poderosos de turno dejar de emplear la Justicia como un arma no por motivos éticos, que no comprenderán, sino porque la imparcialidad constituiría su única defensa contra las maniobras de los que, si bien comparten los mismos valores, un día podrían tener sus motivos para perseguirlos.
Lo comprenda o no "la gente", la Argentina se ha transformado en un paria internacional no sólo a raíz del manejo irresponsable de la economía, sino también a causa de la convicción nada caprichosa de que en nuestro país la Justicia está subordinada a los intereses de las diversas fracciones políticas. En Europa y Estados Unidos, los dirigentes suponen que sería absurdo hablar de "seguridad jurídica" en la Argentina porque sospechan que si por algún motivo un político poderoso quiere perseguir a alguien por razones personales o porque le parece conveniente convertirlo en un chivo expiatorio, siempre habrá un juez que esté dispuesto a colaborar. A su juicio la víctima más eminente de la arbitrariedad seudo judicial es el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, que está encarcelado desde el 3 de abril por orden del juez en lo Penal Económico Julio Speroni por su presunta participación en la venta ilegal de armas. Puesto que nadie toma demasiado en serio la idea de que Cavallo haya sido cabecilla de una banda de traficantes de armas - su vínculo con el asunto fue a lo sumo burocrático-, los más entienden que se ha tratado de un pretexto un tanto rebuscado para meterlo entre rejas. Sin embargo, a pesar de la conciencia generalizada de que Cavallo es víctima de una maniobra política vil, virtualmente nadie en el país se ha animado a protestar contra el atropello.
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