País sin ley

A juicio de muchos funcionarios extranjeros y ciudadanos preocupados por el deterioro muy rápido de la vida institucional del país, la Argentina está convirtiéndose en un territorio sin ley en el que la «seguridad jurídica» es una aspiración inalcanzable. Como el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, descubrió cuando asistía a la reunión del BID en Fortaleza, se ha difundido la impresión de que ciertos jueces y fiscales mediáticos, respaldados por agrupaciones políticas en guerra contra el ex modelo, se han entregado a una caza de brujas dirigida contra banqueros, ex funcionarios y hombres de negocios conocidos, aprovechando las muchas armas que les provee una tradición legal llamativamente arcaica. Aun más alarmantes, si cabe, han sido las imágenes mundialmente difundidas de los ataques por parte de turbas contra hombres públicos en las calles de la Capital Federal. La agresión canallesca perpetrada contra el ex ministro de Economía, Roberto Alemann, habrá incidido más en la opinión internacional, que todas las palabras pronunciadas por Remes o por el presidente Eduardo Duhalde.

Esta situación atroz es la consecuencia lógica de décadas de desprecio por la idea misma del imperio de la ley. Como es notorio, en nuestro país la elección de jueces ha estado tan politizada desde hace tanto tiempo que todos entienden que la militancia partidaria o, mejor todavía, la obsecuencia, suelen ser más apreciadas que cualquier factor meramente jurídico o profesional, razón por la que estamos acostumbrados a que haya jueces coimeros, ladrones y risiblemente incompetentes que han debido su eminencia a los favores de alguno que otro operador semianalfabeto. Puede que sólo haya sido cuestión de una minoría, pero su conducta vergonzosa fue más que suficiente como para desprestigiar a la Justicia en su conjunto. En cuando a la Corte Suprema, sus deficiencias son de dominio público, pero ocurre que el motivo de su falta de autoridad actual tiene menos que ver con la escasa idoneidad de ciertos integrantes, que con la convicción de que es «menemista» en un país que ha dejado de serlo. Por lo tanto, la ofensiva desprolija y demagógica que se ha organizado en su contra no ha contribuido en absoluto a hacer pensar que por fin la ciudadanía ha decidido que convendría mantener separadas la Justicia y la política: antes bien, es una prueba más de que la clase política está resuelta a contar con una Corte Suprema que refleje con fidelidad sus actitudes coyunturales.

Desafortunadamente, no hay ninguna salida fácil de las arenas movedizas en las que la Justicia, lo mismo que la política y la economía, está deambulando perdida. Dadas las circunstancias, la posibilidad de que se produzcan mejoras en el futuro inmediato se aproxima a nula. En verdad, si hay un motivo para la esperanza, éste consiste en que la inseguridad jurídica que se da en el país haya atraído la atención de los gobernantes de los países más avanzados y de los organismos que manejan, de suerte que aquellos jueces, juristas y otros que se sienten horrorizados por lo ocurrido podrán disfrutar de la ayuda de aliados poderosos en el exterior. Que esto haya resultado ser necesario puede considerarse lamentable, pero sucede que en los años últimos casi todas las mejoras registradas en los ámbitos de la política y de los derechos humanos se han visto impulsadas por la «comunidad internacional», que al informarnos que no toleraría aberraciones determinadas como la costumbre de invitar a los militares a hacerse cargo del desaguisado de turno, han potenciado a los comprometidos con el estado de derecho. Asimismo, es llamativo que las protestas más contundentes contra la desigualdad social y el abandono a su suerte de millones de personas no hayan procedido de los políticos locales, sino de organizaciones transnacionales como la Iglesia Católica y entidades multinacionales como el Banco Mundial. Mal que nos pese, la devastadora crisis económica que está difundiendo dolor y angustia por toda la República no es sino una faceta de una crisis generalizada que afecta de modo igualmente negativo tanto a las instituciones políticas como a la Justicia, la administración pública, la salud y la educación, realidad ésta que el gobierno actual no parece comprender del todo.