Para Berraz, es “razonable” el patrimonio de Sartor

Archivó la investigación administrativa. Vio lógico que tenga $ 7 millones en bienes.



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VIEDMA (AV).- El fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz, archivó la denuncia por “aumento desproporcionado de patrimonio” del legislador Daniel Sartor que había presentado ante la Legislatura la Defensora del Pueblo, Ana Piccinini.

Para Berraz, es “razonable” que Sartor posea un patrimonio que rondaría los 7 millones de pesos considerando sus ingresos en la función pública, los de su esposa y hasta los de sus hijos, que son estudiantes. Para llegar a tal conclusión, falló incluso en contra de una pericia contable, minimizando la diferencia que el contador estimó en 400.000 pesos y él mismo en $ 127.000.

El funcionario -cuyo mandato vence en diciembre y podrá ser o no reelecto por la Legislatura- analizó documentación y argumentos de Sartor para explicar su evolución patrimonial entre diciembre de 1995 (ingreso a la función pública) y octubre de 2008, fecha de la denuncia.

Si bien del cruzamiento de ingresos y gastos del grupo familiar vio una diferencia de 127 mil pesos, Berraz expresó que “no pueden imputarse como ingreso no justificado” sino que es “el resultado de las variaciones” frente a “estimaciones con criterios técnicos distintos”.

Agregó que no representa “una diferencia económica significativa en relación al volumen de los ingresos comprobados”. En resumen, Berraz consideró “razonable” y “justificado” el incremento del patrimonio del legislador radical.

En la Justicia, Piccinini presentó este año una denuncia similar y el juez Carlos Reussi se declaró incompetente, decisión que fue apelada y analiza actualmente la Cámara de Apelaciones.

La resolución -de 65 páginas- no fue difundida, pues la Fiscalía Administrativa todavía ayer notificaba a Sartor, al Tribunal de Cuentas, al juez y al fiscal penal.

En su análisis, Berraz enumeró varios activos -especialmente lotes en Roca- y admitió por testimonios que habrían sido comprados antes de 1995, aun cuando, en algunos casos, las escrituras fueron posteriores. Cuestionó a Sartor no haberlos incluido en la declaración jurada inicial.

Al final, el fiscal expresó que antes de ser funcionario, Sartor “contaba con un patrimonio importante” y agrega que “las variaciones resultan tolerables por los parámetros de ingresos y egresos comprobables”.

Cuestiona -en varias ocasiones- las declaraciones juradas por deficiencias, especialmente la de 1995, que omite varios inmuebles.

Valiéndose de información proporcionada por Sartor y por un auditor de la Fiscalía, Berraz concluyó que los ingresos totales entre diciembre de 1995 y octubre de 2008 -casi 13 años- del grupo familiar superaron el 1,6 millón de pesos, incluyendo los del legislador (sueldos, honorarios, alquileres y ventas de activos), los de su esposa (como titular de una delegación de centro de estudios) y de dos hijos (con el cobro de “prestaciones de servicios”). En contrapartida, los gastos rondan los 880 mil pesos.

En referencia a sus activos post-1995, el órgano consignó un departamento en Capital Federal -propiedad en un 50 % de la esposa de Sartor-, los vehículos y la vivienda en construcción en el barrio Don Bosco de Viedma. Para justificarlo, el legislador presentó deudas con el corralón Surmat por casi 190 mil pesos por materiales no abonados.

Berraz aceptó ese pasivo pero lo redujo a 85 mil pesos, pues los valores del perito del inmueble en cuestión son de 2007. Otras deudas por pagar fueron presentadas, pero el fiscal no las aceptó porque no existían elementos probatorios.

En la revisión patrimonial, Berraz detalló mejoras en inmuebles adquiridos antes de 1995 y reconoció también un depósito de 60 mil dólares, que figuraba en pesos en el 2001, antes de la caída de la convertibilidad.

Algunos criterios no fueron compartidos por el perito contable, por lo cual existe disparidad en la conclusión. El técnico entendió que la diferencia superaba los 400 mil pesos mientras que a opinión de Berraz era de 127 mil pesos.

Expresó el fiscal la “vulnerabilidad” de ese monto por las estimaciones por “no contarse con información fehaciente”, “no se pueden determinar las más acertadas porque son estimaciones diseñadas discrecionalmente en base a parámetros y diferentes interpretaciones”.


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