Para los planes liberal, para las consecuencias populista

Según define el diccionario de la lengua española en una de sus acepciones, un ‘síntoma’ es un ‘indicio o señal de una cosa que está ocurriendo o que va a ocurrir’. De eso se trata el cúmulo de números negativos que a diario arroja la economía nacional. Síntomas de un crisis que cada vez se torna más profunda y dolorosa.
Durante esta semana hubo cuatro datos significativos. Los dos primeros fueron dados a conocer por el Indec, y dan cuenta de la recesión que atraviesa la economía real. En el acumulado de los dos primeros meses de 2019, la actividad industrial cayó un 9,7% respecto al mismo periodos del año pasado, mientras que la construcción lo hizo un 10,7%.
El tercer dato lo aporta un informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), que reflejan las dificultades que atraviesan las empresas más grandes del país. No se trata ya del padecimiento que viven las pymes y los microemprendimientos por los tarifazos o la caída de las ventas, sino de severos problemas financieros y de empleo que enfrentan las empresas que facturan más de $1.000 millones al año. En la lista figuran empresas emblemáticas como Unilever, Arcor, Femsa (Coca Cola), Massalin Particulares, Mastellone o Molino Cañuelas, entre otras. La mayoría de ellas tiene décadas de historia en el país, y están relacionadas directamente al consumo masivo. No hay síntoma más elocuente del derrumbe de la demanda.
El último dato, fue publicado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carne (Ciccra) e indica que el consumo de carne anual promedio por habitante es de 54,5 kg. Significa una baja del 5,7% respecto al año anterior, y se ubica entre los registros más bajos de los últimos 29 años.
Las respuestas que ofrece la gestión, solo radican en lo que el ex funcionario macrista Carlos Melconian define una y otra vez como ‘Plan Picapiedra’. El mismo consiste en un programa acordado entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que no busca crecimiento ni desarrollo, y que por el contrario solo se propone llegar sin sobresaltos económicos hasta octubre. Basicamente, las premisas consisten en la autorización del organismo para que el Tesoro venda dólares a fin de mantener a raya la cotización cambiaria, y a cambio, el compromiso del Banco Central (BCRA) de endurecer todavía más la política de emisión cero hasta fin de año. El plan permite como mucho evitar la debacle, pero no sirve si lo que se busca es contener la recesión.

Permiso Señor Fondo
Tiempo. Eso es lo que el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el Presidente del BCRA Guido Sandleris solicitaron esta semana al FMI, en su visita a Washington. Desde que la única fuente de crédito del país es el Fondo, cada una de las decisiones en materia de política económica, debe ser consultada con el organismo. Los funcionarios esperan lograr que el Christine Lagarde los autorice a postergar hasta después de octubre la batería de medidas que sugiere el informe técnico que el economista italiano Roberto Cardarelli elevó al board del FMI, previo al desembolso de los u$s 10.800 millones recibidos esta semana. En el escrito, se combinan los elogios políticos con la ‘decepción’ técnica que generan los escasos resultados que muestra hasta el momento el programa acordado en septiembre.
Puntualmente, el Fondo señala la necesidad de acelerar en la reducción de los subsidios a la energía, y sugiere una reforma tributaria integral que incluya la revisión del régimen de monotributo, así como la elevación de la alícuota de IVA para ciertos productos, y la ampliación del impuesto a los ingresos personales (Ganancias).
Los funcionarios nacionales, sostienen que tales medidas son inviables en el marco de la recesión actual y previo al proceso electoral. Asumen que si es necesario profundizar el ajuste, ello solo sería posible recortando fondos a la obra pública.
Con todo, lejos del optimismo de las formas, el organismo señaló en su informe sobre perspectivas globales publicado el jueves, que Argentina terminará 2019 con una inflación del 30,1% y una caída del producto del 1,2%.

Liberal en los papeles, populista en los hechos
“El enorme tamaño del estado, que gasta demás y asfixia al sector privado con impuestos, es el gran responsable de la situación que atraviesa actualmente la economía argentina”. La frase podría ser puesta en boca de cualquiera de los integrantes del gobierno nacional, empezando por el Presidente de la Nación, y alcanzando hasta los funcionarios de segunda o tercera línea.
El recetario acorde con el diagnóstico es por demás conocido en nuestro país. Recorte del gasto público, reforma tributaria (para reducir impuestos), flexibilización laboral, apertura indiscriminada en lo comercial y en la cuenta capital, y ortodoxia en la política monetaria. Las ideas liberales, siguen siendo sostenidas desde la retórica oficial, incluso en medio de la situación actual.
‘Del dicho al hecho hay mucho trecho’ solían reflexionar las abuelas de antaño. En efecto, para contener las consecuencias del propio recetario liberal que el gobierno dice aplicar desde el inicio de la gestión, el equipo económico planea implementar a su regreso desde Washington, una serie de medidas heterodoxas propias de aquellos gobiernos que algunos insisten de forma peyorativa, en llamar ‘populistas’.
Lo que justifica el viraje pragmático, son los datos que arroja el tablero de la macroeconomía (ver infograma). El primer trimestre de 2019 no ofreció un solo registro positivo en relación a la economía. El conjunto de las variables revela que tanto las empresas como los consumidores (principales motores de la demanda agregada), viven un momento crítico.

Para contener la situación, y ante la inminencia que impone el calendario electoral, el gobierno maneja una serie de medidas para fomentar el consumo y el crédito, que se sumarían al incremento del 46% en las asignaciones anunciado por el Presidente en marzo. La primera es la ampliación del programa de créditos que Anses ofrece a jubilados y pensionados. Se duplicarán los montos que en la actualidad van de los $5.000 hasta los $80.000, y se ofrecerá una tasa subsidiada de entre el 44% y el 54%.
La segunda, es fortalecer el Plan Procrear con la ampliación del monto del subsidio, focalizándolo hacia los sectores de bajos recursos y con sistema UVA.
La tercera, es la ampliación del programa de Precios Cuidados, lanzado por el kirchnerismo en 2012, que en la actualidad alcanza a 566 productos, y sería renovado desde mayo. La polémica sin embargo, surgió con el proyecto de ley presentado por la Diputada Elisa Carrió, en defensa de la competencia en la cadena alimenticia. La iniciativa puede traducirse como ‘ley de góndolas’, y no es otra cosa que el viejo y conocido ‘control de precios’, el cual está en las antípodas de la visión estrictamente monetarista que en el gobierno (al que pertenece Carrió), dicen tener respecto a las causas de la inflación. Para completar el cuadro se supo que el gobierno planeaba anunciar el congelamiento de precios para 40 alimentos de primera necesidad lo que finalmente culminó en un acuerdo ampli de precios que se anunciaría el miércoles. La medida habría sido consensuada con las cadenas de supermercados, e incluye descuentos de entre el 10 y el 15% para jubilados y pensionados.
Por último, fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda afirman que pese a la férrea negativa del FMI respecto a la utilización de las Reservas del BCRA para contener el tipo de cambio, en el gobierno está decidido hacer lo que sea necesario para contener el dólar, sabiendo las implicancias que podría tener un nuevo episodio de inestabilidad cambiaria en cuanto al nivel de precios. Se trata de un arma que ya utilizó el gobierno en la corrida de 2018, que evidenció escasos resultados para contenerla, y que significó la salida del ex Presidente del BCRA, Luis Caputo.