Pese al escándalo, los ñoquis se mantienen

BUENOS AIRES (ABA). – Apenas una tibia respuesta se le dio desde el Jury de Enjuiciamiento a las acusaciones en su contra por el excesivo personal que allí se desempeña sin cumplir función alguna.

El titular de dicho cuerpo, Augusto Belluscio, respondió -mediante un escrito- que se está haciendo una reestructuración del cuerpo mediante una reducción de sus asistentes; pero tal respuesta fue considerada «insuficiente» por sus pares del Consejo de la Magistratura.

Hace un mes este medio publicó una denuncia del consejero Beinusz Szmuckler en la cual advertía que sin tener ningún caso en estudio, varios miembros del jury disponían de seis y siete asesores, así como personal de planta permanente, lo que sumaba más de 50 empleados en calidad » ñoquis».

«Nos encontramos que redujeron la planta permanente, pero algunos de los jurados siguen teniendo numerosos asesores contratados, lo que es inadmisible», afirmó ayer Szmuckler en diálogo con «Río Negro».

El mismo subrayó -respaldado en documentación oficial- que si bien están aquellos como Belluscio (también juez de la Corte Suprema) que no tiene ningún funcionario bajo su órbita, hay otros como el senador neuquino Sergio Galia, o Sergio Dugo, que tienen seis y cinco asesores cada uno.

Es más, en la justicia platense se inició una causa penal ante el juez Jorge Corazza tras descubrirse que dos personas que figuran en la planta del Jurado de Enjuiciamiento trabajando para Dugo, al mismo tiempo lo hacen en la vocalía que este último tiene en la Cámara Federal de La Plata.

«Es verdad que quedaron 5 personas de los 14 que había de planta permanente (los salientes fueron reasignados en la estructura del Poder Judicial), pero ¿cómo se explica que haya tantos empleados sin nada que hacer?», agregó Szmuckler. «Es como el cuento de la mujer un poco embarazada -continuó diciendo-, la corruptela es o no es».

En concreto, hasta ayer trascendió que Galia figuraba con seis asesores, Dugo con cinco, Jorge Agúndez con dos, Horacio Billoch Caride con cuatro, mientras los representantes de los abogados mantenían a uno cada uno.

En total, los integrantes del jurado son nueve más una Secretaría Administrativa.

Dada la confusión generada por la mala interpretación de algunos medios acerca de las funciones que cumplen el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, es que Szmuckler subrayó el carácter de denunciante del primero de esos organismos.

Mientras el Consejo analiza si hay causas para lleva a un magistrado de primera o camarista a juicio político, el jury está a cargo de dictar las sentencias (lo propio hacen la Cámara de Diputados y Senadores respectivamente, para el caso de los miembros de la Corte Suprema).

Pero la actividad del jurado es mínima, dados los pocos casos que traspasan el filtro de la acusación (dicta alrededor de dos sentencias en promedio por año).

A fondo

 

«Hace más de tres meses que presenté la denuncia en este cuerpo y lo que se hizo no me satisface para nada», señaló Szmuckler en el plenario del Consejo de la Magistratura del último jueves.

En voz baja, el asesor de un consejero del interior del país deslizaba: «A ver si reclama algún convenio para los vagos que no hacen nada», mirando de reojo al titular del sindicato de los judiciales, Julio Piumato, que se había hecho presente en la sala de audiencias para reclamar que se incluya a sus representados en la negociación colectiva del sector.

Aunque muchos de sus pares como Humberto Quiroga Lavié, Marcela Rodríguez, Eduardo Orio y Victoria Pérez Tognola, respaldaron a Szmuckler, no faltan otros que en off the record le endilgan hacer una «cruzada personal» para obtener notoriedad.

Lo consideran «traidor a los códigos» pero no quieren enfrentarlo públicamente, porque en definitiva el Consejo de la Magistratura es el que aparece denunciando.

En forma reservada, el mes pasado un consejero no pudo ocultar su bronca: «Habla así porque se queda con más de diez «lucas» en el bolsillo».

Mientras tanto, Szmuckler no se detiene y ya obtuvo la convocatoria a un plenario extraordinario para el 7 de octubre con el fin de «conocer el estado de situación y tomar desde el Consejo las medidas que hagan falta».

También pidió la constitución de una «comisión especial» con cuatro consejeros para investigar la actividad de los integrantes del Jury de Enjuiciamiento; y reclamó que desde el mes que viene se implemente un mecanismo de control por el cual no pueda cobrar quien no demuestre haber realizado actividad.

Terminando la sesión se interpuso Claudio Kipper: «Primero hay que estudiar seriamente la cuestión de la competencia, hasta que punto es facultad del Consejo investigar a sus pares del jury».

Empieza a insinuarse un caso testigo de depuración institucional, y también a verse sus límites.

Claudio Rabinovitch