Pichetto: “Hay que investigar la cadena de mando”

P: A 60 días de la desaparición de Santiago Maldonado, la causa vuelve a foja cero. Es un tema muy sensible. El nuevo juez ha dicho que no conoce la causa y pide tiempo.

R: Los 60 días en realidad se perdieron. Creo que el juez cometió una serie de errores muy graves, de preopiniones. Hubo falta de decisión para ingresar al “territorio sagrado”. No hay nada más sagrado y más importante que la vida humana. Nada podía haber estado por encima de eso. Desde esas torpezas que dilataron la causa, hasta (la falta de) una investigación profunda sobre las fuerzas de seguridad para identificar a los responsables.

P: El gobierno dice que la hizo. Después admitió que podrían haberle mentido.

R: La demanda de la sociedad es conocer la verdad. La decisión de la Cámara federal de Comodoro fue correcta. El juez había perdido la confianza de la ciudadanía y de la propia familia de la víctima. Si hay un responsable, y hay una cadena de encubrimiento, hay que ponerla a la luz pública.

P: ¿Faltó una actitud más enérgica del gobierno para individualizar a los responsables?

R: El gobierno actúa culposamente en estos temas. No creo que sea una dictadura, ni que haya encubrimiento del Poder Ejecutivo, ni que esté preparando un plan para la represión. No creo en eso. Si fue un exceso en la intervención, habría que haber actuado con energía, apartado inmediatamente a la fuerza interviniente, incluso para preservarla. La Gendarmería es una fuerza importante para el país. Tal vez hubo falta de información… No puedo hacer valoraciones sobre cuestiones que no conozco. Pero tengo una visión institucional del tema. Soy de los que cree que una vez resuelto el caso Maldonado, la Argentina y Río Negro se tienen que dar un debate en serio, los medios tienen que hacer una investigación en serio y hablar con los actores de la sociedad en Bariloche de quiénes son estos personajes que se denominan el grupo RAM. Creo que la comunidad mapuche en su mayoría es pacífica, reivindican derechos legítimos en el marco de la Constitución, pero este es un grupo violento, extremista y que no es la primera vez que comete hechos gravísimos, incendios, ocupaciones, actos contra bienes del Estado en el escenario de San Carlos de Bariloche, y que reivindicaron públicamente. Y nadie fue preso.

P: ¿Pero desde que ámbito hay que abordar ese debate?

R: Desde la información, el conocimiento público, desde separar a estos grupos violentos que tienen una construcción cordillerana que supera los límites de la Provincia y de la Argentina. Hay una ideología que habla de levantarse en armas, que niegan el estado nacional. Hay que leer y escuchar a este sujeto Jones. Estos hechos son conocidos desde hace más de diez años. Se han consolidado. Hay que hablar con las instituciones de la región.

P: ¿Hay un déficit de información de las instituciones del Estado sobre este tema?

R: Yo tengo la información. ¿Por qué no la puede tener el Estado? Es un tema que tiene una complejidad y hay que asumirlo. No tengo una visión negacionista del derecho de las comunidades originarias: votamos la ley de prórroga de los desalojos. Pero eso no les da derecho a utilizar métodos violentos. Tampoco al Estado.

P: ¿Lo dice por el desalojo del 1º de agosto?

R: Si uno ve el operativo de Gendarmería, faltó al protocolo. Faltó focalización de la orden. Deberían haber ido el fiscal y el secretario del juez al lugar. O el juez. Para garantizar la juridicidad de la intervención. El desalojo se debía haber hecho sólo sobre la ruta, porque el objetivo era liberarla, y nunca haber penetrado al interior de los campos. Había que haber filmado todo el operativo, portado escudos altos para que no les peguen piedras… En fin. Son temas de técnicas de seguridad que están en los protocolos.

P: El caso no parece ir en dirección a ser esclarecido. Hay una tradición de incompetencia en la justicia para la investigación de episodios complejos.

R: Espero que sí. Tengo confianza. El hecho tiene una característica: intervinieron muchas personas y es muy difícil mantener un secreto. Hay una cadena de mandos y de definición de responsabilidades. En la investigación del caso Carrasco lo que se vio fue la cadena de encubrimiento. Si en el camino de la investigación hay alguna intermediación de encubrimiento, tendrá que determinarlo la justicia. Y si el presidente y la ministra no fueron debidamente informados, tendrá que determinarse desde el punto de vista de la cadena de mandos. Si hubo alguna anomalía, lo mejor para la fuerza es identificar a los responsables. Y preservar la capacidad operativa de la Gendarmería. La necesitamos para el país y el cuidado de las fronteras.