Piden a Alberto Fernández que prorrogue la ley de promoción de biocombustibles

Una senadora de la oposición le envió una carta documento al presidente de la Nación para pedir la extensión de la ley 26.093. “La falta de reacción por parte del Ejecutivo nacional parece ser una decisión de atacar y descaminar al sector”, aseguró.

La senadora nacional de Juntos por el Cambio de Tucumán, Silvia Elías de Pérez, le envió una carta documento al presidente de la Nación, Alberto Fernández, para solicitarle que prorrogue la ley 26.093 que establece el régimen de regulación y promoción para la producción de biocombustibles.

 “A solo 50 días del vencimiento del período inicial, su inacción es una señal de total desaprensión y falta de compromiso para con el mantenimiento de las fuerzas de trabajo pertenecientes al sector, así como la agenda de sostenibilidad y productiva adherida pro el estado argentino”, señaló la senadora en la carta.

La ley 26.093 se sancionó el 19 de abril de 2006 y se promulgó el 12 de mayo del mismo año. La vigencia se pactó por 15 años y vence en este año. En el cuerpo de la ley se estableció que, de ser necesario, el gobierno puede extender el plazo establecido previamente.

La producción de bioetanol en la provincia genera demanda para la caña, mejorando su precio. Así en Tucumán se generan más de 300 mil metros cúbicos de alcohol por año, lo que benéfica directamente a los más de 5500 productores cañeros de la provincia y los miles de trabajadores en las 10 destilerías de la provincia”, reclamó la senadora.

Vale recordar que la secretaría de Energía, liderada por Darío Martínez, autorizó un aumento escalonado para el bioetanol de caña de azúcar en que el litro pasó de $32,78 a $43,60 en enero y en mayo alcanzará los $51,13 lo que equivaldrá a un 55,97% de aumento.

En febrero el litro de bioetanol pasó a costar unos $47,80, en marzo unos $48,70 y el anteúltimo aumento de abril elevará el precio a $49,60.

A pesar de esto, la senadora de la oposición le reclamó al gobierno: “La falta de reacción por parte del Ejecutivo nacional parece ser una decisión de atacar y descaminar al sector”. Y sumó: “Estas actividades se sustentan en las expresiones vertidas abiertamente por el sector petrolero del sur del país y los intereses específicos que el gobierno puede tener en proteger a este y otros sectores de la nación”.


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