Piden detener a siete exespías chilenos

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MADRID.- La Justicia española ordenó la detención de siete excargos de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena (DINA) y su posterior extradición para juzgarlos por su presunta implicación en la muerte de un diplomático español durante la dictadura de Augusto Pinochet. El juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional decidió procesar al exdirector de la DINA Juan Guillermo Manuel Contreras Sepúlveda y a otros seis altos cargos de la policía secreta de la dictadura por “un presunto delito de genocidio, un delito de asesinato y un delito de detención ilegal de Carmelo Soria Espinoza” en 1976, según un auto judicial conocido ayer. Además de Contreras, el juez dictó órdenes internacionales de detención contra los chilenos Guillermo Humberto Salinas Torres, Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbe, Patricio Quilhot Palma y José Remigio Ríos Sanmartín y el estadounidense Michael Vernon Townley Welch, “para su ulterior extradición”. El magistrado español se apoyó en el “principio de jurisdicción universal” para justificar la competencia de España en este presunto asesinato. Subrayó además que “por parte de las autoridades judiciales chilenas no ha existido una investigación y persecución realmente efectiva de los hechos”, señalando que la Corte Suprema de Chile sobreseyó el caso en 2006. La corte chilena se apoyó entonces en la ley de amnistía 1978. Una “auto-amnistía de la dictadura militar chilena, que se camufló bajo la apariencia de norma jurídica, no obedeciendo a decisión alguna de un parlamento democrático en el ejercicio de la soberanía del país”, consideró el juez. El diplomático español, que trabajaba para Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina, fue secuestrado el 14 de julio de 1976 cuando se dirigía a su residencia en Santiago. Según datos registrados por el juez Ruz, Soria “fue torturado -maniatado y con la cara vendada- durante varias horas” por los agentes de la DINA que después “acabaron con su vida (…) mediante estrangulamiento”. Un día después, los agentes de la policía secreta chilena tiraron el cadáver de Soria a un canal de Santiago de Chile dentro de su vehículo, junto a una botella de pisco, afirma Ruz, según el cual numerosos indicios demuestran que no se trató de un accidente de tráfico como se quiso hacer creer. El juez Ruz sustituye desde 2010 al frente del juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional al exmagistrado español Baltasar Garzón, mundialmente conocido por la detención de Pinochet en 1998 en Londres y condenado en febrero por la justicia española a 11 años de inhabilitación por haber ordenado escuchas ilegales durante una investigación por corrupción. (AFP)