Piden juicio de responsabilidad contra ex interventor de la obra social

VIEDMA.- Por perjudicar al Estado rionegrino en una suma superior a los 90.000 pesos piden juicio de responsabilidad contra un ex funcionario. El Fiscal de Investigaciones Administrativas, Pedro Funes, pidió al Tribunal de Cuentas que inicie las actuaciones correspondientes contra el exinterventor del Ipross, Juan Cabalieri, por considerarlo responsable de haber causado perjuicio al erario público en 96.993 pe-sos, más los intereses que resulten al momento de su efectivo pago.

La causa está vinculada con el conve-nio suscripto en mayo del '92 entre el Ipross y la empresa Viedma Emergencias Médicas, Unión Transitoria de Empresas para la prestación del servicio de emergencias, urgencias médicas, enfermería en ba-se y a domicilio y traslados para los afilia-dos de la provincia, Patagones, Bahía Blanca y Capital Federal.

El precio fue pactado mediante capitación a 1,20 pesos por afiliado y sobre la base de 140.000 aportantes para el primer mes, reajustable mensualmente de acuer-do a las variaciones producidas por altas o bajas.

Para el fiscal Funes, el exfuncionario «omitió ejer-cer los actos necesarios pa-ra preservar los intereses que le fueron confiados, provocando con ello un perjuicio económico» que ascendería, en principio, a 96.993 pesos.

Consideró inadmisible que la liquidación de febrero del '94 se haya efectuado sobre la base de 140.000 afiliados y que al mes siguiente se haya liquidado sobre 122.000 . «Esto implica que la defraudación a la provincia pudo ser más importante que la determinada», señaló.

Destacó que los datos obtenidos permiten determinar que el número de afiliados al Ipross nunca fue de 140.000. En el '92 registró 136.326; en el '93, 122.513 y en el '94 los 121.066, según datos del propio Instituto.

El primer pago a Viem fue de 141.215 pesos, suma que luego fue reajustada en más. De ese total el 50% correspondía a Viedma E-mergencias Médicas S.A., o sea que la empresa recibió cerca de 70.000 pesos.

Funes calificó de «llamativa» la manera en que se vio favorecida esta empresa en la licitación, al constituirse como tal un día después del llamado y que con un capital inicial de 10.000 pesos resultó adjudicataria el 7 de mayo del '92 y cuatro días más tarde recibió en concepto de pago anticipado la suma de 70.000 pesos.

Agregó que el Ipross pagó una cápita en base a 140.000 afiliados desde el inicio del convenio hasta marzo del '94, resultando evidente que, al momento de la contratación se tomó como base una cantidad inexacta. Destacó que el hecho se agravó aún más al comprobarse que la cantidad de afiliados de las localidades que, en algún momento, resultaron excluídos del servicio fue extraída de los padrones del '92 existentes en el Instituto que señalaban que registraban 136.362 aportantes.

Por este tema la Justicia procesó a Cabalieri por el delito de «defraudación a la Administración Pública por Administración Fraudulenta».