Piden juicio político a la jueza que impide la venta de anticonceptivos 28-5-03

Buenos Aires y CórdobA (Télam/DyN)- El fallo emitido la pasada semana por la jueza Federal de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, dando lugar a la presentación de la organización 25 de Marzo en contra de los anticonceptivos, continuaba ayer sin entrar en vigencia debido a que la fundación que hizo la presentación no podía reunir más que ocho de los 20 avales que necesita como caución juratoria.

La jueza fue cuestionada ayer por una decena de diputados nacionales que pidieron su juicio político ante el Consejo de la Magistratura, acusada de cometer «prevaricato -fallar contra el derecho- en el ejercicio de sus funciones».

La asesora letrada del Ministerio de Salud, Claudia Madies, explicó, ante ese panorama, que la cartera no podía apelar el fallo debido a que todavía no fueron notificados de la resolución y aclaró que sabían de la decisión por «notas periodísticas».

El Ministerio de Salud no fue notificado porque la resolución no entró en vigencia aun debido a que la fundación, a su vez, no pudo reunir la cantidad de avales necesarios, lo que equivale al respaldo de 20 abogados matriculados ante la Justicia Federal de Córdoba quienes deberán hacer frente con su patrimonio a los gastos que demandare el juicio, en caso de que la sentencia les resultase desfavorable.

Un vocero del arzobispado de Córdoba y profesor de Bioética de la Universidad Católica de esa ciudad calificó como «inconsulta» y «fundamentalista» la presentación efectuada ante la justicia federal contra los anticonceptivos por la fundación lefebvrista 25 de Marzo.

El sacerdote José Alesio dijo que la fundación 25 de Marzo «no representa a la Iglesia Católica» por lo que expresó estar «afectado como católico» y dijo que la institución religiosa estaba «molesta».

El especialista sostuvo que la fundación «no forma parte de la Iglesia Católica Romana», lo que confirmó el propio fundador de 25 de Marzo, el sacerdote y abogado Fernando Altamira, cuando se definió como «miembro del movimiento encabezado por el obispo francés Mar-cel Léfebvre», excomulgado en 1988 y muerto en 1991.

Léfebvre cuestionó los cambios introducidos en la liturgia por el Concilio Vaticano II, y fue excomulgado en 1988 por el Papa Juan Pablo II, al igual que los obispos que ordenó y los sacerdotes que siguen su doctrina.