Pocos avances en el caso de Feclir-medicamentos

Hace casi dos años, la Justicia Penal de Roca inició una investigación sobre sobreprecios y presunto desvío de fondos en el contrato entre el Ipross y la Federación de Clínicas para la provisión de medicamentos especiales. Ese expediente no registró muchos avances pese a que el denunciante -el dirigente de Recrear Agustín Argibay Molina- ha ampliado la denuncia en dos ocasiones acompañando información y sugiriendo medidas de prueba.

La investigación judicial está a cargo de la jueza Margarita Carrasco y del fiscal Luis Galeano, pero a juicio del denunciante tiene poco impulso. Y así lo parece, si se considera que la justicia demoró varios meses en designar a una perito contadora y no la releva pese a que la profesional informó en diciembre pasado que fue designada gerente administrativa de una clínica cipoleña de propiedad de un alto directivo de Feclir, lo que la coloca en una evidente incompatibilidad.

El fiscal Luis Galeano confirmó a «Río Negro» que la perito contadora Miriam Nora Daino fue designada en marzo de 2004. Admitió también que la profesional fue contratada -meses después de que se le encomendara la tarea- como gerente administrativa del Policlínico Cipolletti, de propiedad de Salvador Scafidi, tesorero de Feclir y eventual implicado ya que es quien endosaba los cheques que cobraba la Federación antes de pagarle en efectivo una parte al representante de la Droguería Eleón.

Daino fue a Buenos Aires a pedir los registros contables a la Droguería Eleón, les fueron negados, luego se pidió el secuestro de la información pero la empresa respondió que le habían robado la computadora, se informó.

Galeano indicó que «estamos esperando el primer informe» de la perito contadora, de quien opinó que «se ha desempeñado bien». Pese a que admitió que puede darse «una ligera sospecha» sobre su independencia por ser ahora empleada de uno de los involucrados en la investigación, dijo que «llevaría mucho tiempo reemplazarla, entre 8 y 10 meses, y los tiempos se nos irían mucho hacia adelante».

 

El caso

 

En julio de 2003, Argibay Molina y su abogado, Jorge Gómez, denunciaron penalmente que el Ipross contrató a Feclir como «innecesario intermediario» para la adquisición de medicamentos oncológicos y otros especiales, y que este convenio derivó en el pago de sobreprecios de hasta 300%. Añadió que ese pago excesivo se registró a pesar de que el Ipross le pagaba a Feclir en efectivo y por mes adelan

tado. Presentó también evidencias que indican que, en esa triangulación, Feclir se habría quedado para sí con esos sobreprecios, ya que la empresa proveedora -Droguería Eleón- firmaba un recibo por el total pero recibía en efectivo una suma muy inferior al precio pactado pero suficiente para pagar los medicamentos comprados. Este pago en efectivo, además de intentar ocultar el monto real de la compra, violaba las normas de la AFIP en materia de transacciones comerciales, ya que la legislación impositiva obliga a que todo pago mayor a los 1.000 pesos se haga con cheque o transferencia bancaria.

El contrato firmado el 1 de abril de 2003 por el Ipross y Feclir preveía que la entidad de Clínicas proveyera drogas oncológicas y medicamentos para tratamientos especiales a los afiliados del Ipross residentes dentro o fuera de la provincia a excepción de los radicados en Bariloche y El Bolsón. El precio se fijó por el sistema de cápita, en $3,90 por afiliado, sobre una base de 100.534 afiliados. De allí

que el Ipross se obligó a pagar a Feclir $392.082,60 por mes adelantado, previéndose que la demora o el incumplimiento en los pagos autorizaban a Feclir a suspender las prestaciones. Al convenio lo firmaron en Roca -sede de Feclir- la presidenta del Ipross, Adriana Gutiérrez, el vocal gubernamental del Ipross Héctor Tasat, y el vocal gremial de la obra social, Héctor Sansuerro. Por Feclir firmó Roberto Bernardini.

Según la denuncia de Argibay Molina y Gómez, el contrato -que el Ipross abandonó ahora por inconveniente- está viciado por varias razones:

• Porque el monto pactado con Feclir es excesivo si se multiplica la cantidad efectiva de medicamentos que requieren los afiliados del Ipross por mes por el precio mayorista que el Ipross podría obtener con los descuentos por compra masiva y pago al contado y anticipado;

• Feclir no tiene como objeto social en sus estatutos la intermediación comercial o comercialización de drogas, lo que sin embargo no fue objetado por Personas Jurídicas ni por los organismos de control que deben revisar la legalidad de las contrataciones que realiza el Estado;

• El vocal gubernamental del Ipross que firmó el contrato -el médico de Roca Héctor Tasat- es también directivo de Feclir, lo que lo coloca en conflicto de intereses, por su condición de funcionario público con obligación de cuidar los intereses del Estado y a la vez integrante de la contratista;

• El contrato con Feclir se hizo por contratación directa, sin licitación y sin previa consulta de los precios mayoristas vigentes en los laboratorios que podrían proveer al Ipross como gran consumidor, y que según los denunciantes son muy inferiores.

• Si bien Feclir es una asociación sin fines de lucro, la diferencia de precios entre lo que abonaba Ipross a Feclir y lo que ésta habría pagado a Droguería Eleón parece desvirtuar tal concepto, ya que habría existido un lucro «en negro» sin pagar impuestos y con destino incierto.

Nota asociada: El precio y una sugestiva forma de pago Explicaciòn de la Federaciòn  

Nota asociada: El precio y una sugestiva forma de pago Explicaciòn de la Federaciòn