Poder contra Justicia

Estará en lo cierto la exministra de Economía Felisa Miceli: de haber contado con una “estructura de poder como tuvieron otros” no correría riesgo alguno de tener que pasar cuatro años entre rejas por haber dejado en el baño de su despacho una bolsa con una cantidad modesta de dinero, apenas 60.000 dólares, que algunos integrantes del gobierno popular serían capaces de gastar en un solo fin de semana. Sin habérselo propuesto, la exfuncionaria caída en desgracia resumió así uno de los problemas básicos del país que consiste en la convicción generalizada, y de modo alguno arbitraria, de que, como dijo una vez el empresario fallecido Alfredo Yabrán, aquí el poder asegura impunidad. Si bien la procedencia del dinero que tuvo brevemente Miceli no ha sido aclarada –las “explicaciones” sucesivas que ensayó la procesada sólo sirvieron para sembrar más confusión–, parecería que entendía que, gracias al cargo que desempeñaba en el gobierno, no le sería necesario acatar reglas apropiadas para los demás mortales. Asimismo, es evidente que, por razones comprensibles, a Miceli le motiva indignación el que otros miembros del gobierno que se han visto acusados de delitos llamativamente más serios que los de “encubrimiento agravado” y “sustracción de documento público” que le costaron tanto hayan podido mofarse de la Justicia porque, en su opinión, los respaldan “estructuras” políticas muy fuertes. Pues bien: puede que la voluntad oficial de abandonar a su suerte a la exministra haya perjudicado más al gobierno de lo que hubiera hecho un hipotético intento de ayudarla haciendo gala de su solidaridad. La condena que recibió Miceli, lo mismo que la que hizo de María Julia Alsogaray la única funcionaria menemista detenida por corrupción, confirmó, si aún fuera preciso hacerlo, que quienes no llevan “coronita” son mucho más vulnerables que los que disfrutan del apoyo resuelto de la presidenta o, por lo menos, del aparato peronista o radical. Aunque las dos mujeres no fueran “chivos expiatorios”, ya que los cargos en su contra existían, nadie cree realmente que fueran peores que muchas otras personas vinculadas con gobiernos peronistas, el de Menem y, últimamente, el kirchnerista, que han logrado hacerse mundialmente famosos por la corrupción de sus integrantes. Así las cosas, lejos de hacer pensar que por fin la Justicia ha decidido combatir frontalmente la corrupción, la condena de Miceli, como la de Alsogaray, nos ha recordado que en última instancia el poder político importa mucho más que el grado de culpabilidad de los acusados. ¿Está por cambiar esta situación nada satisfactoria? Por desgracia, no se dan demasiados motivos para sentir mucho optimismo. De comenzar los jueces a sentenciar a penas de prisión a algunos de los más de treinta funcionarios kirchneristas que, en teoría por lo menos, se verán obligados a rendir cuentas ante la Justicia, la mayoría lo atribuiría automáticamente a la merma notable del poder de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su confrontación con el Poder Judicial. Para que la ciudadanía sintiera confianza en la imparcialidad de la Justicia los jueces tendrían que comenzar a fallar en contra de funcionarios, ordenando su encarcelamiento, mientras el gobierno del que forman parte disfrute de un nivel muy alto de popularidad, como fue el caso cuando Cristina triunfó con holgura en las elecciones presidenciales, de tal modo frustrando los esfuerzos inevitables de los acusados por politizar el asunto en que se ven involucrados aseverándose víctimas de una “campaña” impulsada por sus adversarios o rivales internos. Según parece, Cristina y sus principales colaboradores temen que el Poder Judicial reaccione frente a sus intentos de desprestigiarlo emprendiendo una contraofensiva, de ahí las alusiones presidenciales a los “magníficos sueldos que tienen los jueces de nuestro país” y el privilegio supuesto por no tener que pagar Ganancias, “cosa que sí esta presidenta paga”, lo que podría tomarse por una forma nada sutil de advertirles que a menos que se pongan al servicio del Poder Ejecutivo sus ingresos peligrarían. Puede que las amenazas de este tipo le resulten contraproducentes a la presidenta, pero al menos la ayudarían a convencer a muchos de que los eventuales fallos en su contra se deben más a factores políticos que a los meramente jurídicos.