Polémica absurda

Que el canciller y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, se haya sentido muy apenado por el asesinato del jefe de su custodia, el oficial principal de la Policía Federal Adrián Faldutto, es comprensible. En cambio, no lo es que haya reaccionado acusando a dos jueces de San Isidro de alentar «a los asesinos que salen a matar» por aplicar la ley y, como si esto ya no fuera suficiente, reclamando su remoción para que los remplacen jueces a su entender menos propensos a «dejar salir a las fieras a la calle». En circunstancias como éstas, los funcionarios de su jerarquía no pueden permitirse ser dominados por sus sentimientos personales, por profundos que sean. Aunque nos hemos acostumbrado a que representantes del Poder Ejecutivo se crean facultados para reescribir los fallos de los jueces, en los tiempos últimos ninguno lo ha hecho de forma tan frontal como Ruckauf. Asimismo, la réplica de uno de los jueces mencionados por el canciller, Fernando Maroto, que atribuyó el aumento de la delincuencia y por lo tanto el asesinato de Faldutto cuando frustraba un asalto a un café de la Capital Federal a «las teorías de la mano dura» que intentó poner en práctica un «político fracasado», no ha contribuido en absoluto a aclarar el panorama, porque todo hace pensar que la vehemencia de sus afirmaciones se debe en parte a su hostilidad manifiesta hacia el canciller.

Si no se tratara de un tema sumamente serio y de hombres públicos cuyas actitudes inciden de forma muy concreta en la vida de muchas personas, podría tomarse el intercambio de lindezas por un síntoma más del encrespamiento propio de tiempos tan difíciles como los actuales. Sin embargo, es inadmisible que un político que hasta hace poco era considerado un presidente de la República en potencia y que en la actualidad está desempeñando una función que es absolutamente clave, se permita actuar de manera tan prepotente. Tampoco es constructivo que jueces participen de forma acalorada en debates esencialmente políticos en un momento en que ya son demasiados los magistrados que, por los motivos que fueran, están repartiendo fallos destinados ya a obstaculizar la estrategia de un gobierno que está esforzándose por impedir que el colapso económico tenga consecuencias aún más catastróficas que las ya experimentadas, ya a incomodar a dirigentes que muchos quisieran castigar por su presunta responsabilidad por la crisis. En efecto, a la larga la impresión difundida de que por motivos diversos distintos jueces están protagonizando una suerte de rebelión anárquica contra la «clase política», no puede sino desprestigiar todavía más al Poder Judicial.

En cuanto a la cuestión de la mejor manera de hacer frente a la delincuencia armada en una etapa signada por la depauperación de millones de personas, tanto las recetas de los «garantistas» como las de Ruckauf, el que como candidato a la gobernación bonaerense optó por hacer su campaña con el lema de «meter bala» a los sospechosos, serían peor que inútiles si, como sucedió en su provincia, el resultado principal es más brutalidad policial y una mayor cantidad de asesinos liberados por razones técnicas. La permisividad excesiva inspirada en razones ideológicas que suponga la liberación por pretextos técnicos de asesinos notorios sirve para desmoralizar a muchos agentes que, obvio es decirlo, tratarán de asegurarse contra la eventual venganza matando a los delincuentes que les parezcan más peligrosos, sobre todo si tienen motivos para prever que el gobierno provincial, comprometido con la «mano dura», además de sus propios camaradas, harán todo cuanto puedan para que queden impunes. Es que una Justicia en la que es fuerte, sin por eso ser hegemónica, una corriente «garantista» y un gobierno, respaldado en este ámbito por lo menos por el electorado, que reclame una lucha sin cuartel contra la delincuencia, constituyen una combinación nefasta. Por cierto, sería difícil concebir una forma más eficaz de socavar la moral de la Policía que la supuesta por habituarla a prestar más atención a políticos demagógicos que a los jueces y de hacer creer a los delincuentes que, con un mínimo de suerte, podrían ser liberados rápidamente por magistrados resueltos a mostrar al gobierno local que no se proponen dejarse intimidar por nadie.