Polémica por motos secuestradas

Un abogado de Bariloche reclama la intervención del gobierno nacional en el extraño caso del secuestro en pasos aduaneros argentinos de 16 motos alquiladas en Chile por turistas de diversos países del mundo.

El asunto llegó hasta el director ejecutivo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, que lo derivó al jefe de la Aduana, el restituido Juan José Gómez Centurión.

Ignacio Gigena es el representante legal de Sociedad Motoaventura, una empresa chilena que alquila motos BMW y organiza viajes por el Cono Sur a la medida de cada contingente.

La empresa viene desplegando esta actividad desde hace más de 15 años, pero en 2016 la Aduana le secuestró 16 motos; la mayoría, en el pasó Samoré.

El argumento es que se violaron las normas de importación transitoria, pero en al menos un caso que llegó hasta la Cámara Federal de Roca se logró demostrar lo que para la empresa es un “proceder abusivo”.

Gigena ya logró la restitución de 10 de las 16 motos, que fueron reingresadas a Chile. Denuncia la arbitrariedad del secuestro como medida cautelar y los manejos abusivos en las tramitaciones posteriores.

En su nota a Abad, Gigena sostiene que “este modo de actuar abusivo por parte de la administración a su cargo lamentablemente trae como consecuencia que se desaliente a las empresas chilenas a destinar paquetes turísticos al territorio argentino, impidiendo un ingreso importante de divisas”.

“La Aduana es la primera imagen como país como quienes nos visitan, la primera muestra de la cultura y sinceramente veo que en los ejemplos que cito no deja buena impresión”, añadió.

Los pasos legales no son sencillos porque debe agotarse, antes de recurrir a la Justicia Federal, la vía administrativa, que es ardua. El caso que llegó hasta la Cámara de Roca, por caso, refiere a un sumario que tenía vencido los plazos para la restitución de la moto y aun así continuaba retenida.

Gigena fue hasta el juzgado federal de Zapala (el paso Mamuil Malal es de su competencia) con un amparo pero no tuvo éxito y apeló.

En su voto, el camarista federal Mariana Lozano estableció que existió “arbitrariedad manifiesta de la decisión adoptada por la dirección de Aduana de mantener vigente la cautelar en cuestión (se refiere al secuestro de la moto), lo que constituye una clara vía de hecho que torna procedente la acción de amparo ejercida”.