A un año del violento ingreso al diario RÍO NEGRO, ODEL perdió peso político
Con Miguel Báez preso, la organización dejó de recorrer las calles de Roca. Desde los gobiernos provincial y nacional dicen que dejaron de darles asistencia directa.
El grupo de manifestantes ingresó de manera violenta a las instalaciones del diario Río Negro, en marzo del 2021. (foto: archivo)
Pasó un año desde que los integrantes de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL) irrumpieron en las instalaciones del diario RÍO NEGRO para escrachar a uno de los periodistas que investigó la denuncia contra el principal referente de esa organización, Miguel Báez. Hoy ese dirigente se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria por una pena unificada a 4 años que le impuso la Justicia y sus seguidores quedaron sin respaldo, tanto para sus acciones políticas como para conseguir asistencia social directa de parte del Estado.
Videos: violenta intimidación a Diario RÍO NEGRO
Sobre los hombros de Báez pesa una condena firme por el ingreso violento y las amenazas que efectuó a fines del 2016 en el municipio de Roca, cuando acompañó a una protesta a Rodolfo Aguiar (hoy secretario adjunto de ATE a nivel nacional). Y a fines del año pasado sumó una segunda pena -que se encuentra en revisión- por el abuso sexual a una de las entonces integrantes de la organización.
Sin tener Báez la posibilidad de llevar adelante cualquier tipo de acción directa, los integrantes de ODEL aparecen “huérfanos” de referente y también de asistencia social, ya que desde hace un año que no reciben beneficios por parte del gobierno de Arabela Carreras, según aseguraron ayer fuentes del Ejecutivo provincial.
“Con Báez impedido de protagonizar cualquier reclamo, la organización prácticamente quedó desmantelada. Desde la Provincia hace un año que no se envían bolsones de alimentos a los integrantes de esa organización. Seguramente la gente que recibía algún beneficio ya está en otra organización, como la CTA Autónoma porque muchas veces se movían en unidad y unificaban las planillas de beneficiarios para tener mayor volumen de beneficios”, explicó un funcionario provincial, quien pidió reserva de su identidad.
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, que conduce Natalia Reynoso, explicaron que existen algunas solicitudes para que la flamante titular de la cartera se reúna con integrantes de ODEL, aunque aseguraron que por ahora no hay una fecha para el encuentro.
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Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tampoco “baja” asistencia para ODEL desde hace meses en Roca.
Así lo informó ayer la responsable del Centro de Referencia, Marlys Fernández, ante una consulta de RÍO NEGRO.
La funcionaria asumió en diciembre del año pasado y dijo que, desde entonces, no recibieron pedidos formales de la organización de desocupados.
Antes de ser detenido, Báez aseguraba que su organización tenía proyección a nivel nacional.
En ese tiempo era una práctica habitual plantear las exigencias con el ingreso violento a oficinas públicas o incluso instalándose frente a los domicilios particulares de funcionarios, para presionarlos y alcanzar sus objetivos.
En ese contexto se dio la renuncia de la exdelegada de Desarrollo Social de Nación, Miriam Saigg, quien padeció la permanencia durante varios días de militantes de ODEL y de otros grupos de la CTA en la puerta de su casa, quemando neumáticos y lanzando huevos contra la vivienda.
El escrache realizado hace un año en las instalaciones de RÍO NEGRO tenía el mismo objetivo: presionar a la mujer que denunció a Báez por abuso sexual y exigir a las autoridades de esta editorial el despido de un periodista.
El peso de las causas penales
Otro de los motivos que derivaron en el quiebre de ODEL fue la imputación formal a la mayoría de sus colaboradores, quienes se vieron involucrados en el hecho ocurrido el 23 de marzo del 2021 cuando ingresaron al edificio de Editorial RÍO NEGRO, amedrentando al personal y realizando el escrache en buena parte del hall central.
Entre ellos se encuentran dos hijos de Báez (uno de ellos menor de edad), además de otro sujeto de apellido Parra, uno de los referentes de la organización que se expresó con mayor violencia ese día.
Entre las medidas que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal, se logró identificar a nueve personas; la mayoría de ellos ya se enfrentan cargos en el marco de la causa penal.
A todos se les imputa el delito de “turbación de la propiedad”, un delito que tiene una pena que va desde los 6 meses al año de prisión. En tanto que a Báez se lo procesó por instigar este delito y organizar la manifestación que terminó con esta nueva causa judicial.
En las oficinas que ODEL tiene en la esquina de calle Rivadavia y San Martín, los vecinos ya no advierten el movimiento de beneficiarios que la organización tenía hasta hace un año atrás. “En el lugar sólo se ve de vez en cuando a la esposa y a los hijos de Báez”, señaló uno de los integrantes de la organización.
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