Al igual que Provincia, en Bariloche se tercerizó el control de las licencias médicas y hay polémica

Las reformas implementadas por el intendente Walter Cortés en el régimen de medicina laboral del municipio de Bariloche y la cesión de esa tarea a la empresa privada Medet SRL, desataron una controversia por las condiciones de contratación de la prestadora y su presunta carencia de habilitación comercial.

El sindicato Soyem cuestionó el desmantelamiento del servicio de salud propio que mantenía el municipio con un médico laboralista de planta, y la contratación en su reemplazo en primer término por el Hospital Privado Regional y luego con Medet.

El Ejecutivo municipal publicó recién hoy una resolución que formaliza a partir del 1 de junio pasado el «convenio de prestación de servicios profesionales de medicina laboral» con Medet, cuyos términos continúan bajo reserva.

Este medio buscó mayores precisiones de parte de la asesora letrada Yanina Sánchez, sin resultado.

La secretaria general del gremio, Brenda Morales, aseguró que presentaron varios pedidos al Ejecutivo para acceder a una copia del contrato y no tuvieron respuesta. El Tribunal de Contralor inició una gestión similar, confirmó que hubo una contratación directa, desconoce las razones por la que se eludió la licitación y tiene pendiente un dictamen sobre el tema.

La relación entre Medet y el municipio se asemeja a la que entabló el Estado rionegrino con la empresa Dienst, para controlar las licencias por enfermedad de los empleados provinciales, y que desató una ola de críticas por la reticencia del Gobierno para difundir el contrato y por la alta proporción de rechazo a los certificados médicos, que denunciaron los trabajadores.

En este caso se sumó el concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) con revelaciones públicas sobre la falta de habilitación comercial de Medet, que al parecer ya está subsanada.

Tanto el subsecretario de Fiscalización del municipio Fabián Llacer como el propio titular de Medet SRL Sebastián Anes, aseguraron a este diario que la empresa ya está habilitada como contribuyente regular en el municipio.

Anes dijo que cuando se formalizó el contrato la habilitación estaba “en trámite”. Agregó que funcionaba desde 2014 sin necesidad de ese permiso y sin que nadie se lo reproche.

Costa Brutten subrayó que hace apenas 15 días, ante un pedido de informes, la asesora letrada del gobierno municipal Yanina Sánchez había confirmado que a esa fecha, según el registro informático del municipio, no existía trámite iniciado en favor de Medet Salud & Trabajo SRL.

La respuesta al concejal incluía el largo listado de requisitos que debe cumplir una firma para habilitar, incluida la realización de informes técnicos, una instancia de inspección y la creación de cuenta específica para el pago de tasa TISH, entre otras.

Costa Brutten dijo que si esa era la situación al 18 de agosto le resulta extraño que hoy ya tenga la habilitación concedida. Insistió que al contratar con el municipio Medet carecía de habilitación y su local no sufrió clausura alguna. Tampoco tenía inscripción el registro de proveedores municipales.

No se conoce el contrato con la empresa de medicina

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Medet funciona en pleno centro, sobre la calle Mitre al 700, y según su titular ofrece servicios a varias empresas, cuenta con cinco médicos de guardia, no cobran coseguros, y el tiempo de espera de los pacientes “es menor que en las guardias de grandes sanatorios como el HPR y el San Carlos”.

El propietario aseguró que Medet funciona desde hace más de 10 años y que tenía los permisos en regla de Salud Pública. En fecha reciente también obtuvo la habilitación municipal ante una nueva exigencia que sería extensiva a otras profesiones como contadores y abogados.

Anes sostuvo que el conflicto que se desató en torno a la contratación de su empresa genera “un ruido innecesario” y que las explicaciones y detalles de ese acuerdo debería brindarlos el municipio.

Sobre los controles médicos que realizan a los trabajadores municipales, afirmó que si hay quejas de los trabajadores será “de gente que hace dos años que no iba a trabajar, se le readecua la tarea y debe volver a su puesto”. Aseguró que en el municipio había “licencias muy prolongadas” y que si hay un trabajo que no pueden realizar por su patología “no lo van a realizar”. Pero es función de la empresa a su cargo “ver en qué puesto sí pueden ir”.

El Soyem se quejó por “la gran cantidad” certificados de salud rechazados. Brenda Morales puso en duda “la legalidad de la contratación”, sobre la cual el municipio “se niega a informar”, incluido el monto. “No sabemos cuánto se le paga mensualmente a la empresa”, aseguró.

Sostuvo que en las últimas semanas se acumularon en el sindicato “las denuncias de trabajadores por procedimientos mal hechos y por rechazo de certificados”.