Alertan que la muerte en las cárceles de Neuquén «es una posibilidad latente» por «la crisis estructural»

En un mes hubo dos muertes en la Unidad de Detención 11 de Neuquén. Las víctimas fueron Franco Figueroa y Michael Aguilar, el primero durante una protesta que no fue controlada a tiempo y el segundo en una pelea por mal manejo interno de los pabellones. El Comité Provincial contra la Tortura reiteró que «no se trata de episodios aislados sino de una situación estructural sostenida en el tiempo». Por su parte la Asociación Pensamiento Penal expresó: «los problemas a los que debe atender la situación de emergencia no son sólo coyunturales, sino que son mayormente estructurales».

En sendos pronunciamientos, ambos organismos se refirieron a la crisis carcelaria que atraviesa la provincia y a las dos últimas muertes registradas en la mayor prisión de Neuquén.

El Comité Contra la Tortura afirmó que las muertes de Figueroa y Aguilar «se podrían haber evitado».

«Sin embargo el hacinamiento extremo, las condiciones materiales indignas, la alimentación deficiente, la falta de contención emocional tanto como de acciones y/o programas de resolución de conflictos, y las graves falencias en el acceso a la salud física y mental configuran un entramado de violencias estructurales que hacen de la muerte una posibilidad latente, casi cotidiana en cárceles y comisarías de la Provincia», señala el pronunciamiento.

Más que una cuestión de metros cuadrados

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Considera que «no se trata de episodios aislados sino de una situación estructural, sostenida en el tiempo y expresamente denunciada por este Comité, que requiere una intervención de políticas públicas urgentes».

El organismo, que elaboró un completo informe de la situación el año pasado, reiteró que «el problema no se reduce a la cantidad de personas por celda: las condiciones de hacinamiento se agravan por la escasa o nula iluminación, colchones deteriorados, humedad permanente, deficiente ventilación, pisos inundados y baños en mal estado, entre otras deficiencias de carácter estructural».

En tanto la Asociación Pensamiento Penal expresó, en tono coincidente, que la declaración de emergencia penitenciaria «generó expectativa» pero «aún no se expresa en la vida cotidiana de los detenidos ninguna de las mejoras planteadas».

Problemas estructurales

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«Ninguna resocialización es posible en condiciones de vidas inhumanas y degradantes», pero «los problemas a los que debe atender la situación de emergencia reconocida no son sólo coyunturales, sino que son mayormente estructurales», advierte la organización.

Sobre las muertes de los internos, señala que en la primera se conjugaron «las condiciones inhumanas de los lugares de aislamiento, la carencia de equipos para prevenir incendios y falta de colchones ignífugos». En el caso del homicidio de Aguilar, «por la no separación de personas de acuerdo a categorías, la inexistencia de progresividad intramuros y de criterios de clasificación para el alojamiento de detenidos, atento el perfil, el quantum punitivo o el desempeño en la ejecución de la condena».

«El problema central no se limita a las carencias edilicias, la solución global no es construir más celdas», dice la APP. Propone «colaborar aportando para sumarse a este proceso de implementación de medidas, aportando expertos y escuchando los diversos enfoques y experiencias».

Ampliación del cupo

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Este miércoles habrá una audiencia ante la jueza de Ejecución Raquel Gass de la que participarán la fiscalía, la defensa pública, la defensa particular y el gobierno provincial, en la que se debatirá la posibilidad de ampliar el cupo de detenidos en la Unidad 11.

Desde noviembre del 2022 el cupo fue establecido en 256 personas, aunque hay 265 y la capacidad real es de 233. El gobierno y la fiscalía pedirán que se amplíe en 30 o 35 personas más.