Causa Techo Digno en Cipolletti: se inició y se suspendió la audiencia contra Tortoriello y Baratti

La jueza Alejandra Berenguer abrió este lunes la audiencia “preliminar” de enjuiciamiento por la megacausa Techo Digno en Cipolletti, pero, después, resolvió su suspensión, aceptando los pedidos de las defensas por la ausencia del abogado Rafael Cuchinelli, que representa al exintendente de Cipolletti, Abel Baratti.

El debate preveía avanzar en el “control de acusación” contra Baratti y también el diputado Aníbal Tortoriello por los delitos de administración fraudulenta y peculado en la ejecución del municipio de Cipolletti de 404 viviendas subdivididas en cuatro planes y financiadas con fondos nacionales de Techo Digno.

La acusación alcanza también a la excontadora municipal Lucila Chiocconi y los titulares de las empresas Mocciola (Domingo Mocciola), Zoppi (José Zoppi) y Zigma (Arturo Mendeberri).

Con todos presentes, Baratti anticipó su rechazo a la realización de la audiencia por la ausencia de Cuchinelli. Su ocasional representante, Belen Pascal, insistió después en que la postergación se había solicitado en cuatro oportunidades porque el defensor debía cumplir con una comparecencia judicial en Tucumán. Remarcó que Baratti no otorgaba «conformidad» al debate frente a esa ausencia.

La magistrada abrió el análisis a las restantes partes. El fiscal Santiago Gauna Marquez entendió que se podía cumplir igualmente porque era “el inicio de la etapa”, existía necesidad “de avanzar” y “no se afectaba” la defensa de Baratti.

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En cambio, los defensores José Vicenty (Mendiberri), Carlos Gadano (Mocciola), Sebastian Perazzolli (Tortoriello) y José Scianca (Chiocconi) apoyaron la postergación del encuentro y resaltaron la importancia de esta instancia judicial por los numerosos planteos que anticiparon. Por su parte, Ivan Chelía (Zoppi) no profundizó, salvo que acompañaría la determinación de la magistrada.

Berenguer resaltó que este “inicio formal” es con la “introducción de ministerio Público Fiscal” de los “hechos que se pretenden” que el juez resuelva y que “evidencias se ofrecen para juicio”. Aclaró además que está la posibilidad también “de abordar soluciones alternativas”.

Aceptó el aplazamiento como una “sanidad del proceso” y “poder avanzar sin que nos quede algo pendiente” que después derive en una “eventual nulidad”, considerando que “no va a estar presente el abogado defensor elegido, que es un derecho y garantía de orden constitucional”.

Entendió la pretensión del fiscal en “avanzar” ya que este legajo es del 2018, pero confirmó la suspensión porque “hay razones más que suficientes de orden constitucional y procesal para respetar la voluntad” del imputado.

Al final, el fiscal propuso que la jueza establezca prioridades y se requiera a la Oficina Judicial que se programen directamente cuatro audiencias para este debate de control, ya que se prevén diferentes planteos de las defensas de los seis imputados.

En ese marco, Marquez Gauna expresó que la fiscalía está dispuesta a “escuchar propuestas de soluciones alternativas” y, después, la magistrada también recordó esa posibilidad.

El expediente de Cipolletti es uno de la docena que se tramita en tribunales rionegrinos de la megacausa de Techo Digno. El 27 de octubre será el primer juicio y alcanzará al exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso.

El segundo expediente adelantado para enjuiciamiento recae en la antecesora de Gennuso, la exjefa municipal María Eugenia Martini.

El tercer trámite avanzado corresponde al proceso cipoleño, que -como todos- cuestiona el manejo de las gestiones municipales de los recursos federales del Plan Techo Digno. En ese caso se inició con un convenio firmado el 17 de abril de 2015 entre la subsecretaría de Vivienda de Nación y el entonces intendente Baratti.

Según la acusación inicial, Baratti y, luego, su sucesor Tortoriello “habrían desembolsado montos de pago a las empresas constructoras por valores superiores a los avances de obra que efectivamente se certificaran”. Se remarcó que “una de las obligaciones que surgían del convenio era la de abonar lo pactado con las empresas de forma mensual “contra certificación de avance de obra emitida por el propio Municipio”.