Chubut: Se tensa la relación entre el sector pesquero y el gobierno de Torres que ahora reclama una deuda

El gobierno de Chubut le reclama a la Flota Amarilla de Puerto Rawson la suma de 1.200 millones de pesos en concepto del pago del canon pesquero de los meses de noviembre y diciembre del año pasado. Así lo reveló el titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Chubut (ARECH) Pablo Asnaghi quien anticipó que “el plazo para el pago es de una semana, a partir de ese momento se avanzará en embargos y ejecuciones fiscales a los dueños de los barcos deudores». El plazo vence el martes próximo.

La salida pública de Asnaghi, un funcionario que cultiva en extremo un bajo perfil mediático se produjo a los pocos días de estallar el escándalo de un supuesto ofrecimiento de dinero de parte de empresarios pesqueros a un dirigente gremial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para entorpecer a través de medidas de fuerza el normal inicio de clases previsto para el próximo 23 de febrero.

El funcionario explicó que el canon pesquero “es un canon que se paga por la extracción de recursos del mar. En el caso del canon del langostino tiene un valor que se fija a través de la agencia tributaria, pero sobre ese monto el Gobierno cobra solo el 2%”. La semana pasada y través de un decreto, el gobierno que conduce Ignacio “Nacho” Torres aumentó aumentar el canon al 4 por ciento, pero el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) amenazó con un paro en la temporada del langostino que está en pleno desarrollo y con importantes capturas. Esto obligó al gobierno provincial a dar marcha atrás y dejar el porcentaje en el 2 por ciento.

La amenaza de paro del SICONARA se debió a un pedido expreso de la Cámara que nuclea a los pesqueros de la flota amarilla lo que provocó el primer chispazo con el gobierno de Torres.

Asnaghi recalcó que “es casi irrisorio lo que le queda a la Provincia porque es solo el 2% de ese valor. En un movimiento económico de la pesca que son más de 300.000 millones de pesos para la Provincia significan 4.000 millones que es nada, es muy poco”, consideró el director de lo que antes se conocía como la Dirección General de Rentas.

La advertencia del funcionario sobre el posible embargo de bienes llegó pocos días después del escándalo del pedido al sindicalista de ATE para que “pudra” el inicio de las clases, una de las banderas del gobierno provincial en estos primeros años de gestión. El ofrecimiento llegó de parte de un empresario muy ligado a la CAFACH lo que acrecentó el enfrentamiento entre la flota y el gobierno.

Tras conocerse la denuncia que investiga la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto delito de cohecho (al menos esa es la calificación provisoria) varios ministros del gabinete de Torres salieron a pronunciarse calificando el hecho como una “acción desestabilizadora”. Además, la mayoría de intendentes, entre ellos varios del PJ, salieron con un fuerte comunicado solicitando a Torres que “llegue hasta las últimas consecuencias en la investigación del caso”. El gobierno anunció que se constituirá en querellante de la causa.

La denuncia del sindicalista tuvo un importante despliegue mediático que superó con creces los límites de Chubut. Tras algunos días de tensa paz entre los sectores, Asnaghi salió a agitar otra vez las aguas: “Por el mes de enero tienen que pagar otros $1.200 millones, más lo que pesquen en febrero y marzo”, dijo al tiempo que consideró que de parte de los empresarios de la flota amarilla “hay como una animosidad contra el Gobierno porque son recursos mínimos”. Por el momento el gobernador Ignacio Torres no se pronunció sobre el tema.

Por su parte y en declaraciones a medios especializados en los temas pesqueros, el presidente de la CAFACH, Gustavo González desmintió cualquier injerencia de la cámara en lo que ocurrió y dijo que “hay una operación para instalar que queremos boicotear al gobierno y esto no es así. Queremos que al gobierno le vaya bien y también apuntamos a que en nuestro trabajo nos vaya bien”.