Villa Mascardi: confirmaron el procesamiento con preventiva para los mapuches imputados

La Cámara Federal de Apelaciones de Roca desestimó los recursos que habían presentado los defensores particulares de los 8 miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu acusados. Las mujeres continuarán con arresto domiciliario. Hay 4 varones aún prófugos.

Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, Mariano Roberto Lozano y Richar Gallego, resolvieron este viernes confirmar el procesamiento, con prisión preventiva, que la jueza federal de primera instancia María Silvina Domínguez dictó contra 8 integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por usurpaciones de predios en Villa Mascardi.

En consecuencia, Betiana Ayelén Colhuan, Martha Luciana Jaramillo, Romina Rosas y María Celeste Ardaiz Guenumil seguirán con arresto domiciliario en la vivienda que ellas eligieron, según indicaron los jueces. Se trata de un centro mapuche, que está ubicado en este de Bariloche.

RÍO NEGRO accedió a la sentencia de la Cámara de Roca, que se dictó este mediodía de viernes, por fuentes judiciales. Los jueces resolvieron desestimar los fundamentos que los defensores particulares de las mujeres y varones imputados habían expuesto oralmente contra el procesamiento y la prisión preventiva impuesta por Domínguez en su fallo del 25 de octubre pasado.

Lozano y Gallego dejaron en pie el procesamiento, con prisión preventiva, que Domínguez dictó contra Matías Daniel Santana (pareja de Betiana Colhuan), Cristian Germán Colhuan, Yéssica Fernanda Bonnefoi y Juan Pablo Colhuan por las usurpaciones del predio donde está el exHotel Mascardi, de Parques Nacionales, y la propiedad La Escondida. Los cuatro se encuentran prófugos de la justicia federal desde octubre último.

Los jueces de la Cámara de Roca consideraron que existe un “fuertísimo peligro de entorpecimiento” de la investigación en curso si las mujeres recuperan la libertad. Señalaron que la única manera de neutralizar ese riesgo procesal, en el caso de las mujeres, es con el arresto domiciliario.


No acataron orden judicial y ejercieron violencia


Recordaron que a Betiana, Jaramillo y Rosas se les había concedido la libertad en otra causa por usurpación con la prohibición de acercarse a Villa Mascardi, pero no acataron la orden de la justicia federal.

El conflicto se originó a principios de noviembre de 2017, cuando personas que se identificaron como integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu se instalaron en un predio de Parques Nacionales. Dijeron que era un acto de recuperación de lo que consideraban territorio mapuche.

Hubo un desalojo el 23 de noviembre del 2017, pero dos días después ocurrió el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel, que se investigó en otro expediente que ya fue elevado a juicio y hay cinco albatros de Prefectura Naval imputados. Tras la muerte de Nahuel, las usurpaciones se expandieron a lotes contiguos de Parques Nacionales y de particulares y el conflicto se agudizó.

Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca mencionaron justamente los hechos de violencia que ocurrieron durante las usurpaciones de los lotes de Parques Nacionales y de privados durante casi cinco años. “No sólo no ha existido diálogo posible, sino que las autoridades del Estado, en particular y en lo que aquí importan, las judiciales con el auxilio de las fuerzas de seguridad no han podido -sino a través de la medida siempre violenta que implica un desalojo— practicar diligencias probatorias y de avance de la investigación por el delito de usurpación aquí pesquisado”, destacaron los camaristas en el fallo.

Lozano y Gallegos confirmaron los procesamientos e invocaron los mismos fundamentos que Domínguez expuso en su sentencia. La jueza subroga el juzgado federal de Bariloche y ordenó el allanamiento y desalojo de los predios que estaban usurpados desde hace casi cinco años en Villa Mascardi por personas vinculadas a la comunidad Lafken Winkul Mapu.

El exhotel de Villa Mascardi estaba abandonado cuando fue usurpado por la comunidad Lafken Winkul Mapu que lo desmanteló y destruyó. (Foto: Marcelo Martínez)

Desalojo que puso fin a cinco años de usurpaciones


Alrededor de 250 efectivos, sobre todo de la Policía Federal, ejecutaron la mañana de 4 de octubre último el desalojo y detuvieron a 7 mujeres que estaban en dos de los predios desalojados.

Cuatro de las mujeres fueron trasladadas a Buenos Aires por orden de la jueza, porque alegó que no había en Río Negro una cárcel adecuada para alojarlas. Esa decisión de la magistrada generó numerosos cuestionamientos y repudios. Por eso, Domínguez dispuso el retorno de las mujeres que fueron alojadas en dependencias que la Policía Aeroportuario tiene en el aeropuerto de Bariloche.

Una semana después del megaoperativo, la jueza sobreseyó y excarceló a Ester Andrea Despo, porque la fiscal federal interina de Bariloche Cándida Etchepare corroboró que no había participado de las usurpaciones.

A finales de octubre pasado, la magistrada sobreseyó parcialmente a Débora Daniela Vera y a Florencia Melo, que habían sido imputadas por las usurpaciones, y les concedió la libertad.

Sin embargo, todos -excepto Despo- quedaron imputados y vinculadas a la investigación por el ataque que un grupo de entre 15 y 20 personas encapuchadas perpetró contra cinco gendarmes la noche del 25 de septiembre pasado, en el predio Los Radales de Villa Mascardi. Según la fiscalía, atacaron a los gendarmes con piedras y armas de fuego. Esa investigación sigue en trámite.

La jueza ordenó además la restitución de los lotes a la Administración de Parques Nacionales y a los particulares que habían sido despojados de los predios por miembros de la comunidad mapuche.


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