Cortés dejó la silla vacía en el Concejo de Bariloche y crece la disputa por el referéndum

El intendente Walter Cortés desoyó la convocatoria de la comisión Legislativa del Concejo Municipal, y no se presentó hoy a exponer las razones y condiciones del referéndum popular que anunció en junio y que provocó numerosos rechazos e impugnaciones.

La citación era de carácter obligatorio, equivalente a una interpelación, y fue formulada el 3 de junio, antes del receso legislativo. Pero Cortés se ausentó y puso como justificativo un viaje a Buenos Aires decidido a último momento. Como reemplazo envió al abogado y asesor Martín Domínguez, pero los concejales lo desconocieron como interlocutor y no lo dejaron tomar la palabra en lugar del intendente.

La reunión tuvo momentos tensos y estuvo enmarcada por un numeroso grupo de activistas allegados a Cortés, a algunas juntas vecinales y al sindicato de Comercio.

El enojo con el intendente escaló a medida que se sucedían las intervenciones de los concejales. Algunos hablaron de explorar un juicio político o una revocatoria de mandato. La “irregularidad en el cumplimiento de sus funciones” es una de las causales que fija la Carta Orgánica y fue expresamente citada por la concejal Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche).

Otra posibilidad, más factible, es que le impongan una multa del 30% de su sueldo, como lo establece una ordenanza regulatoria de las interpelaciones que fue aprobada el mes pasado.

El conflicto se desató por la convocatoria a un referéndum, con fecha el 9 de noviembre, para consultar a la ciudadanía sobre una decena de temas, entre ellos la creación de un gravamen a los turistas, la tala de los pinos de la Costanera, la declaración de la emergencia habitacional, la eliminación de los sueldos para los municipales con licencia gremial, la habilitación de las aplicaciones tipo Uber, la construcción de una pileta y el completamiento del centro de convenciones.

Cruces sin resultado

La organización electoral ya está en marcha, cronograma mediante, mientras varios concejales, sindicatos y organizaciones sociales pidieron la anulación del referéndum por vía administrativa, como antesala de los planteos judiciales que el propio Cortés aceptó como inevitables.

La concejal Roxana Ferreyra (Nos Une) dijo que “da vergüenza” la actitud del intendente y subrayó que “las preguntas eran para él, no para un empleado que no votó nadie”. Su criterio fue apoyado por la mayoría y Domínguez no pudo exponer en la mesa. Para la concejal, Cortés “habla de democracia pero se ríe de las instituciones, es un caradura”. Propuso repetir la citación.

Wallace rechazó las “excusas” de Cortés y recordó que la convocatoria era “personal y obligatoria”. Su par de bloque Leandro Costa Brutten lo calificó como “un agravio institucional”. La defensa del intendente fue esgrimida por el presidente del Concejo, Gerardo del Río, quien aseguró que su viaje estuvo motivado en la necesidad de lograr obras y “generación de empleo” para Bariloche.

Entre los críticos más severos estuvo el concejal Facundo Villalba (Primero Río Negro), para quien la ausencia del intendente no estuvo justificada y es “una falta gravísima”. Opinó que “se está llevando puesto al concejo Deliberante” y que su propósito “no es gobernar para todos los barilcohenses, sino generar confusión”. Lanzó incluso la posibilidad de buscar consensos para iniciarle un juicio político.

Cerrada la reunión y luego de que lo silenciaran. Domínguez habló con la prensa y acusó a los concejales de “no estar interesados en un debate técnico sino en un show político”.

El asesor del intendente señaló ante una pregunta puntual que el costo económico del referéndum, según los presupuestos en danza, rondará los 40 millones de pesos. Instantes antes la concejal Ferreyra había lanzado una estimación de 300 millones y aelgó que que solo el Correo cobra por la gestión a su cargo “unos 100 millones de pesos”.