Cortés levanta la apuesta en Bariloche y quiere eliminar por ordenanza las licencias gremiales pagas

Luego de suspender hace varios meses el pago del sueldo a los dirigentes del Soyem con licencia gremial y sufrir un revés en la justicia laboral, el intendente Walter Cortés está decidido a sostener esa la decisión y ahora quiere consolidarla por ordenanza.

El pago de las licencias fue reivindicado por el Soyem con marchas y movilizaciones y con recursos judiciales, en los que argumentaron que se trata de un derecho adquirido, y que está previsto así en el Estatuto del Trabajador municipal, regulado por la ordenanza 137/88.

Un reciente fallo judicial rechazó la pretensión de Cortés de retener los salarios “en consignación”, iniciada en diciembre pasado. Entre otros argumentos los jueces señalaron que el gobierno debió agotar antes la vía administrativa y que los derechos a las licencias pagas constan expresamente en el Estatuto del Trabajador Municipal.

Hay otras demandas sobre el mismo litigio todavía en trámite, y los dirigentes gremiales -14 en total- volvieron a quejarse de que llevan cinco meses privados de sus salarios. Varios de ellos se presentaron esta mañana en la comisión Legislativa, ante la presunción de que el Ejecutivo buscaba darle al proyecto un tratamiento exprés. Mañana habrá sesión ordinaria y el oficialismo buscaría darle tratamiento sobre tablas, pero hasta ahora no tiene los votos.

El proyecto de Cortés no solo promueve la derogación de las licencias gremiales pagas, también elimina otras, como las licencias por estudio y por actividades deportivas. Incluso modifica las actuales prohibiciones al traslado de personal y al suministro obligatorio de protecciones para tareas peligrosas. Dispone en otro artículo que para esos temas el municipio adoptará en adelante lo regido por la ley provincial 811.

En los fundamentos, Cortés dice que la adhesión a esta ultima ley permite “unificar criterios” con otros municipios de la provincia. Sobre las licencias gremiales, dijo que cargar la obligación del pago de sueldos sobre el municipio a agentes que dejan de prestar funciones “en dependencia del Estado local” se contrapone con lo previsto en la ley de asociaciones sindicales 23.551 y “se aparta de los principios de responsabilidad en la ejecución del gasto público”.

Señala que el pago de sueldos debe destinarse a quienes “estén directa y exclusivamente vinculados a la prestación de funciones en el ámbito de la administración”.

Recordó que el Estatuto prevé un régimen de financiamiento sindical mediante contribuciones obligatorias que realizan todos los trabajadores y que “estos aportes tienen como finalidad el sostenimiento económico de la organización sindical”, incluido el pago del personal “liberado” por el municipio para ejercer funciones sindicales.

En resumen, Cortés defiende el criterio de “suprimir el régimen actual de licencias gremiales con goce de haberes”, para reemplazarlo por otro en el que “el costo salarial del personal de licencia sindical sea asumido por la propia entidad gremial”. Esa misma medida que buscó imponer de hecho, ahora la impulsa mediante una ordenanza.

Confrontación que se agrava

El Soyem manifestó su rechazo a la iniciativa, que “deroga capítulos completos” del estatuto, y subrayó que fue presentada “sin diálogo ni participación con las y los trabajadores”. Consideró que se trata de “un grave retroceso en materia de derechos laborales”.

La secretaria general del gremio, Brenda Morales, dijo que el avance del intendente en esa línea busca “tapar” otros conflictos.

“Estas definiciones de la gestión, así como la puesta en disponibilidad de ocho inspectores de tránsito sin justificación alguna, aparecen como manotazo de ahogado cuando no tienen respuesta para dar a los vecinos en un montón de temas, desde la demora con los lotes sociales a los pagos millonarios a empresas como Navtour”, afirmó la dirigente.

Sobre el apartamiento de los agentes de tránsito dijo que no les dieron mayor explicación y solo que fue “decisión del intendente”. Dijo que tiene gravedad porque se trata de “persecuciones, vaciamiento de servicios y precariedad institucional”, como ocurrió el año pasado con el plantel de Veterinaria y Zoonosis, lo cual dejó a Bariloche durante meses “sin atención pública” en ese servicio.

El Soyem se presentó hoy en el Concejo para protestar contra lo que consideran un “abuso de autoridad”. Reclamaron “la suspensión y retiro del proyecto modificatorio del Estatuto Municipal” y también “la inmediata reincorporación de los inspectores de tránsito”.

Uno de los firmantes del proyecto, el vicejefe de Gabinete Carlos Iglesias, dijo que los cambios propuestos «de ningún modo van en contra de los empleados». Reconoció que debieron promover la ordenanza modificatoria al inicio del conflicto y señaló que el objetivo no es otro que unificar la legislación para los municipales de Bariloche con la que rige en otras localidades de la provincia.