Crisis carcelaria en Neuquén: autorizan que presos de comisarías vayan a Senillosa y a la Unidad 11
Después de casi tres años flexibilizan el cepo en la mayor cárcel de Neuquén, debido al hacinamiento en las comisarías. Además, la prisión federal recibirá condenados neuquinos por primera vez desde 2017.
Así estaba la obra del nuevo pabellón de máxima seguridad en la Unidad 11 en mayo. (Archivo/Matías Subat)
Con la provincia sumergida en la crisis carcelaria y en nombre del «mal menor», la jueza de Ejecución de Neuquén, Raquel Gass, tomó este miércoles dos decisiones trascendentales. Por un lado, autorizó el ingreso a la Unidad 11 de 18 personas condenadas que ahora están en comisarías en condiciones denigrantes. En segundo término, permitió el traslado a la cárcel federal de Senillosa de cuatro condenados por delitos de microtráfico.
Cada medida tiene relevancia propia. En el caso de la Unidad 11, porque la misma jueza había dispuesto el «cierre» de la cárcel en noviembre del 2022 debido al hacinamiento, estableció un cupo en 265 personas y no autorizaba el ingreso de nuevas a menos que se produjera una vacante.
Si bien el gobierno provincial no construyó todavía ni una celda nueva (hay un pabellón en obra cuya finalización se prometió para agosto) y la capacidad de la cárcel es la misma que en noviembre del 2022, la jueza autorizó hoy el ingreso de 18 personas al viejo pabellón 2, que está vacío y recién refaccionado.
El efecto no deseado
La autorización surge porque el «cierre» de la Unidad 11 tuvo lo que Gass llamó «un efecto no deseado: el Poder Ejecutivo empezó a hacinar en otro lado, en las comisarías. De esto es responsable absoluto el Ejecutivo. Nos quieren hacer quedar a nosotros, el Poder Judicial, como responsables, y es una falacia. Yo no envié a personas condenadas a comisarías».
En este momento, según datos oficiales, hay 98 personas cumpliendo condena en comisarías. En cada una se destinan 3 o 4 penitenciarios a tareas de custodia.
El mal menor
Por eso el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid habló del «mal menor», y de «presos de primera (los que están en la Unidad 11) y de tercera, ni siquiera de segunda (en comisarías). Argumentó que «son inadmisibles las condiciones en que están alojados en comisarías» y dijo que «no podemos darnos el lujo de tener un pabellón vacío» en la cárcel del Parque Industrial.
La defensora de Ejecución Penal, Luciana Petraglia, señaló a su turno que «no es función del Poder Judicial elegir el mal menor», pero terminó cediendo. «La violación de derechos sigue existiendo -remarcó-. Estamos solucionando algo que el Poder Ejecutivo no solucionó».
El traslado a Senillosa
La otra medida que tomó la jueza Gass fue autorizar que cuatro personas condenadas por microtráfico por la justicia provincial sean trasladadas de las comisarías donde están a la cárcel federal de Senillosa.
Es la primera vez, desde que el Servicio Penitenciario Federal la recibió en 2017, que la cárcel se reabre para recibir presos condenados por el Poder Judicial de Neuquén.
La historia es conocida: esa prisión la construyó la provincia (a un costo que nunca fue investigado) y se la canjeó a Nación por el predio donde ahora está el Parque Jaime de Nevares, y antes la antigua Unidad 9.
La fiscal de Ejecución, Natalia Lacoste, señaló que existe la posibilidad de trasladar 15 condenados por microtráfico a Senillosa. Serán reubicados en otros pabellones distintos del que se habilitó hace poco.
Sin gas en plena ola polar
En la audiencia judicial de este miércoles, el delegado del Comité Contra la Tortura, Roberto Samar, denunció «el deterioro estructural» de la Unidad 11 y dijo que hay varios pabellones sin gas en plena ola polar y con personas durmiendo en el suelo.
La jueza Gass emplazó al Poder Ejecutivo a solucionarlo en 12 horas. También deberá verificarse que tengan el servicio las Unidades 12 y 16.
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