Crisis carcelaria en Neuquén: hay 42 vacantes en Senillosa, pero para presos federales
La habilitación de un nuevo pabellón en la cárcel federal no aliviará la superpoblación de Neuquén. El 2 de julio harán un nuevo intento por ampliar el cupo en la Unidad 11 del Parque Industrial.
Las comisarías de Neuquén alojan actualmente a 145 personas condenadas, la cifra más alta de los últimos tiempos. El dato expone con crudeza la magnitud de la crisis carcelaria en la provincia. Mientras tanto, en la prisión federal de Senillosa se habilitó un pabellón para 42 personas privadas de libertad, y pronto se sumarán otras 50. Aunque podría aliviar la situación local, ese cupo estará destinado exclusivamente a detenidos federales.
El juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, autorizó la habilitación del pabellón «B» de la Unidad Residencial IV del Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa. Significa que terminaron los trabajos de readecuación en un sector que estaba en muy malas condiciones y ahora podrán ubicar allí a 42 personas.
El sector reacondicionado
Con nombre sacado de un catálogo inmobiliario, la llamada Unidad Residencial IV es, en realidad, un sector de encierro que cuenta con tres pabellones: A1 y A2, con capacidad para 25 personas cada uno, y el B para 42.
De acuerdo con la resolución del juez, al B accederán «internos condenados a disposición de la justicia federal, que exhiban una evolución favorable». Los otros dos pabellones estarán listos a la brevedad, de manera que la cárcel de Senillosa pasará a tener una capacidad total de alojamiento de 627 personas.
Senillosa vs. Resto de la provincia
Para ponerlo en perspectiva: actualmente hay 542 personas cumpliendo condena en unidades de detención provinciales cuya capacidad total es de 499 plazas.
En la última audiencia por la crisis carcelaria provincial, el 30 de abril pasado, el gobierno y la fiscalía le pidieron a la jueza Raquel Gass que autorice el ingreso de 30 detenidos nuevos a la Unidad 11, la cárcel más grande de Neuquén donde están congeladas las vacantes.
En esa ocasión, como informó diario RÍO NEGRO, autoridades de la cárcel le explicaron a la jueza de Ejecución que estaban próximos a rehabilitar los pabellones 2 y 3, con capacidad para 20 personas cada uno. La propuesta era reubicar detenidos de otros sectores y empezar a desagotar las comisarías, donde hay personas cumpliendo su condena en situaciones indignas.
La jueza Gass no lo autorizó: consideró que la propuesta se basa en «plazas ficticias», ya que «no se ha creado ninguna», explicó en ese momento.
Nuevo pedido a la jueza
Ahora parece que las obras sí están terminadas y habrá una nueva audiencia judicial, programada para el 2 de julio, en la cual el gobierno -a través de la fiscalía de Estado- y la fiscalía penal le pedirán a la jueza que levante el cupo en la Unidad 11.
Por otra parte se anunció que a fines de agosto la empresa constructora entregará el nuevo pabellón de máxima seguridad con capacidad para 25 personas, y antes de fin de año estarán instalados los módulos cuya licitación está en un punto incierto, sin información oficial disponible hasta el momento.
Según los últimos datos, la capacidad real de la Unidad 11 ubicada detrás del Parque Industrial es para 233 personas; el cupo fijado por la jueza es de 256, y en este momento hay 267. Sólo si se produce un egreso -por cumplimiento de la pena, por libertad condicional, o por situaciones más dramáticas como fugas o muertes– se autoriza un nuevo ingreso.
Parte del problema
La historia de la cárcel de Senillosa, construida por la provincia con fondos propios y cedida a Nación, es una referencia ineludible cuando se habla de la superpoblación penal en Neuquén. La otra es el Código Procesal Penal, que aceleró el dictado de condenas a prisión.
Según la defensoría de Ejecución, la población penal aumenta 10% cada año desde 2014, cuando empezó el sistema acusatorio. Este año, la curva recibió una inyección de anabólicos: las nuevas figuras de reiterancia y narcomenudeo.
Plazas ficticias, convenio fantasma
Senillosa tiene capacidad para alojar a 627 personas privadas de su libertad. Un convenio, supuestamente firmado por el gobierno de Omar Gutiérrez con el de Mauricio Macri primero y con el de Alberto Fernández después, habría sido la garantía de que parte de las instalaciones de Senillosa quedarían reservadas para uso provincial. El documento oficial nunca apareció.
A poco de asumir, el gobierno de Rolando Figueroa dijo que iniciaría gestiones para lograr ese cupo pero las negociaciones no prosperaron.
El plan nunca fue sencillo. Además de remodelar el sector IV, con un presupuesto varias veces millonario, había que organizar entradas independientes a la cárcel de Senillosa: los presos provinciales no deben convivir con los federales; y tampoco se pueden cruzar los agentes del Sistema Penitenciario Federal con los del escalafón penitenciario de la Policía de Neuquén.
Cuando se habló de entregar un módulo a la provincia, el convenio incluía que Neuquén construyera viviendas para los agentes penitenciarios federales en Senillosa. Eso tampoco sucedió.
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