Críticas a la nueva ley de fauna por la situación de los guardafaunas
Río Negro tiene solo cinco trabajadores, que con la nueva norma reciben la denominación de “agentes inspectores”. La Policía actuará como auxiliar.
La nueva ley de Fauna Silvestre fue impulsada por el Poder Ejecutivo de Río Negro y genera críticas. Archivo
Entró en vigencia en Río Negro la Ley 5796 que establece el Régimen Provincial de Gestión Integral de la Fauna Silvestre, aprobado por mayoría durante la última sesión legislativa.
La nueva norma declara de “interés público la protección, conservación, repoblación y aprovechamiento estratégico de las especies de fauna silvestre que habitan de forma permanente o transitoria el territorio” y propone “un marco legal moderno que contempla el uso sostenible del recurso” y “su dimensión económica, cultural, recreativa y de subsistencia”.
La propuesta presentada por el Ejecutivo tuvo -tanto en su discusión en el recinto como en días posteriores- cuestionamientos por sus alcances, la supuesta falta de consultas y, en especial, sobre la continuidad y el trabajo del cuerpo de guardafaunas creado en 1985 cuando se aprobó la Ley 2056, ahora dejada sin efecto.
Durante la sesión legislativa Magdalena Odarda (Vamos con Todos) cuestionó que “se evitó el debate público” y su par de bancada José Luis Berros remarcó que “ponen inspectores” que “no es lo mismos, antes de que ambos votaran en contra.
Por su parte, Elba Mansilla (Primero Río Negro) pidió conocer la “situación laboral” de los trabajadores, Juan Murillo Ongaro (PRO Unión Republicana) dijo que “no están claras sus funciones” apoyado por su compañero de bancada Claudio Doctorovich y en el mismo sentido se expresó Daniel Belloso (PJ Nuevo Encuentro); pero, luego, todos votaron a favor de la ley.
Sobre la continuidad de los guardafaunas, que en la actualidad son cinco en toda la provincia, Facundo López (Juntos Somos Río Negro) dijo que “se los denomina de otra forma” pero siguen cumpliendo las mismas funciones y adelantó que van a tener “mayor protagonismo”.
Fuentes consultadas en el gobierno provincial ratificaron que la figura de inspector “no reemplaza ni reduce la del guardafauna”, sino que “la integra y la proyecta con nuevas responsabilidades”.
En ese sentido marcaron que “un inspector podrá participar activamente en procesos de fiscalización, articular con fuerzas de seguridad provinciales, intervenir en actividades ilegales y acompañar tareas científicas y técnicas de conservación”.
El cambio contemplado en la Ley “será debidamente reglamentado” y “responde a la necesidad de profesionalizar y dotar de mayores herramientas al personal que trabaja en territorio” dijeron los mismos voceros y remarcaron que “no debe confundirse una actualización funcional con una supuesta desprotección”.
Los recientes reclamos de diferentes sectores obligaron a algunas aclaraciones oficiales, a partir de declaraciones de Roberto Spósito, subsecretario de Fauna Silvestre de la provincia.
Mediante una gacetilla se indicó que “se trata de una herramienta legal moderna, pensada no sólo para proteger especies, sino para gestionar de forma integral los ecosistemas, sus habitantes y sus relaciones con el territorio”.
Además, el funcionario señaló que “esta ley viene a ordenar, a modernizar el enfoque y a ofrecer herramientas concretas para una gestión responsable del recurso” y que incluye “las recomendaciones de la FAO, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Agenda 2030” y que se trabaja con el Conicet, la Universidad Nacional de Río Negro, el INTA, municipios y cooperativas, “integrando conocimiento técnico, producción y territorio”.
Se remarcó que esta ley abre la posibilidad de transformar un problema ambiental en una solución social, productiva y ecológica, con un Estado presente que regula, articula y garantiza que cada paso se dé con respaldo técnico.
“Faltó debate público” y consultas a las comunidades mapuches
Esta semana integrantes de la Fundación Guardafaunas Honorarios de Río Negro expresó a través de sus redes sociales que “sancionar una nueva ley de fauna sin un cuerpo de control que la haga cumplir equivale a una mera declaración de principios” con el “agravante” que “destruye el equipo de trabajo conformado durante años por personas experimentadas, comprometidas, honestas y con un conocimiento profundo de la problemática de la fauna silvestre en el territorio”.
Agregaron que “nos toca un tiempo difícil, donde los mejores exponentes de la conservación están amenazados no solo por los cazadores, traficantes y madereros ilegales, sino por las autoridades que los ningunean o les restan apoyo”.
Mientras que la senadora nacional Silvina García Larraburu opinó que “el desmantelamiento del cuerpo de guardafaunas es un hecho alarmante” porque “cinco agentes y tres vehículos para custodiar más de 200.000 kilómetros cuadrados no es un sistema de fiscalización, es una ficción”.
Dijo que la ley “no fue discutida con la profundidad que amerita” y recordó que no fueron convocados representantes de las universidades nacionales, del Conicet ni de las comunidades originarias “cuyos territorios se verán directamente afectados”.
La ley también provocó el rechazo de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro poprque “se aprobó “sin debate público”, “sin la consulta previa libre e informada a las comunidades mapuche” y “sin respaldo de documentación científica que avale su contenido”.
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