El Gobierno de Javier Milei dio de baja más de 110.000 pensiones por discapacidad por irregularidades

El Gobierno de Javier Milei confirmó hoy que, en el marco de una revisión exhaustiva, dio de baja más de 110.000 pensiones por discapacidad laboral que presentaban irregularidades. En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que «en el marco de la revisión de pensiones por discapacidad, la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) ya suspendió más de 100.000 pensiones, concretamente 110.522, que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores».

La medida, que se conoce tras el rechazo en la Cámara de Diputados al veto presidencial de una ley que aumentaba el presupuesto para el sector, representa un «ahorro» significativo para las arcas del Estado. El Ejecutivo estimó que estas suspensiones y bajas equivalen a unos 35.000 millones de pesos mensuales en ahorro.

Según Adorni, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) también detectó que 8.107 pensiones correspondían a personas fallecidas, mientras que 10.038 beneficiarios renunciaron a la pensión. Estas cifras se suman al total de pensiones irregulares identificadas.

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Manuel Adorni sobre las pensiones discapacidad: un sistema «corrupto»

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El funcionario explicó que entre las pensiones suspendidas se encontraron casos resonantes de fraude. Mencionó que se utilizaron estudios médicos duplicados, como una misma radiografía y un mismo ecocardiograma, para justificar múltiples solicitudes. «En Tucumán, por ejemplo, se encontraron casos que repitieron el mismo estudio», detalló Adorni.

El portavoz presidencial remarcó la magnitud de la problemática al recordar un caso similar en el Chaco, donde una misma radiografía de hombro fue presentada en 150 pensiones por invalidez diferentes. Adorni enfatizó que se trata de un «sistema corrupto» diseñado por «los amigos de la política».

Para ilustrar la situación, el vocero comparó la cantidad de pensiones por invalidez a lo largo de las últimas décadas. Señaló que entre 2003 y 2015, el número de beneficiarios pasó de 79.000 a más de 1.045.000, una cifra que calificó de «estratosférica».

En este sentido, Adorni contrastó la situación de Argentina con la de Israel, un país en conflicto permanente. Mientras que en Israel el 3,5% de la población activa recibe una pensión por discapacidad, en Argentina la cifra asciende al 4,6%. Para el funcionario, este número «no corresponde a un país que no sufrió guerras militares ni catástrofes naturales».

Las principales razones detrás de las suspensiones son el no cumplimiento de los requisitos mínimos y la inasistencia a las auditorías sin justificación. Las autoridades de la ANDIS esperan que estas suspensiones se conviertan en bajas definitivas al concluir el proceso de revisión.

En declaraciones a Infobae, la ANDIS afirmó que estas auditorías son «un paso necesario para redirigir los recursos hacia las personas con discapacidad y sus familias, asegurando que aquellos que realmente requieren apoyo reciban la asistencia adecuada».

Finalmente, el vocero presidencial criticó duramente a los diputados nacionales por rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, afirmando que «el Congreso, esta semana, defendió este sistema corrupto». Adorni insinuó que quienes diseñaron este sistema son los mismos que ahora se oponen a las reformas.

El Gobierno de La Libertad Avanza estimó que el aumento del gasto que implica la ley vetada superaría los 2,1 billones de pesos para el ejercicio de 2025, lo que equivale a un 0,26% del PBI, y ascendería a más de 4,5 billones de pesos para 2026.