El gobierno de Río Negro reconoció incumplimientos con la ley de Bosques

La respuesta que brindó el gobierno provincial a la Justicia en el trámite de un mandamus reconoce que el ordenamiento de bosques nativos registra un considerable atraso en Río Negro y la ley nacional permanece incumplida desde hace años, pero lo justificó en razones técnicas y en la dificultad para “cumplir con las pautas metodológicas” de consulta y participación comunitaria.

El STJ exigió días atrás al Ejecutivo provincial que entregue “un amplio informe” por el incumplimiento de la ley de Bosques, luego de admitir una acción de mandamus presentado por la organización Árbol de Pie y por la Fundación de Ambiente y Desarrollo y Hábitat Sustentables.

La respuesta ñleva la firma del fiscal de Estado adjunto Luciano Minetti, con aportes de la subsecretaría de Recursos Forestales, y admite que no existe un mapa ordenador de bosques con la actualización quinquenal exigida por ley. El último aprobado data de más de una década.

Las organizaciones denunciantes señalaron también que no se convoca desde hace años el consejo consultivo mixto que debería evaluar los temas y proyectos relacionados con la preservación del bosque.

En réplica a una de las imputaciones, el escrito que presentó el gobierno asegura que “no existe un rehusamiento expreso” a cumplir con la ley de ordenamiento por parte de funcionarios u organismos provinciales, lo cual indignó a las ongs impulsoras de la demanda.

“Niegan rehusamiento cuando existen notas presentadas y gestiones diversas desde el 2015, tendientes a solicitar y exigir el cumplimiento de las leyes 4.552 y 26.331, sin éxito”, afirmaron Árbol de Pie y la Fadehs. Esas dos normativas son las que encuadran la protección de los bosques, y que obligan a mantener un mapa actualizado con las áreas categorizadas como verde, amarilla y roja, según las características de la vegetación a preservar.

Las dos entidades señalaron que la presentación oficial se caracteriza por “la informalidad y la desprolijidad” y solo admite al pasar la existencia de “una demora en concretar la emisión de una norma de actualización del OTBN”, el ordenamiento de bosques.

El referente de Árbol de Pie Juan Paternó dijo que esa demora es una “grave violación a la ley”, señaló que desde 2019 el atraso fue la regla y nunca se revirtió. Consideró que la respuesta brindada por el gobierno a la Justicia “es lamentable” y sostuvo que han reclamado “infinidad de veces” que se convoque al Consejo Consultivo, del que forman parte, sin ninguna reacción.

“Hay un evidente cambio de posición -opinó Paternó-, porque Río Negro era en algún momento un ejemplo en legislación y en política ambiental, pero ahora cambió todo con este gobierno, que adhirió al RIGI y que puso el extractivismo como única prioridad”.

Dijo que al desconocer la ley de Bosques Nativos “ponen en riesgo a las personas y a los ecosistemas”. Según Paternó, las justificaciones que dio el gobierno son irrisorias y “cada vez se les hace más difícil defender esto”.

Consecuencias ambientales y sociales

Para las organizaciones impulsoras del mandamus, la demora en actualizar el ordenamiento de bosques “es una decisión política” dirigida a “viabilizar proyectos inmobiliarios que no serían posibles en otro escenario”.

Pusieron como ejemplo los avances de parcelamientos privados en las laderas norte y sur del cerro Otto, la megaurbanización proyectada en el cerro Catedral y otro emprendimiento que impactaría en el cerro Carbón.

Según subrayaron, esos avances son posibles porque existe “un verdadero cheque en blanco” por parte de la provincia, ya que la normativa “establece con claridad que ante la falta de clasificación (de las áreas de bosque) la subsecretaría de Recursos Forestales debe preventivamente abstenerse de dar autorizaciones de apeos o desmontes”.

Según las ongs, con los elementos que ya tiene a disposición “el STJ debe fallar en breve” y su expectativa es que el tribunal “esté a la altura de la normativa ambiental y exija a la subsecretaría de Recursos Forestales que cumpla con sus obligaciones. Condenándola a actualizar urgentemente el OTBN y frenar todo tipo de autorizaciones y permisos hasta tanto dicha norma esté adecuadamente aprobada”.